Ningún funcionario ni director de empresa ganará más que el gobernador. Así lo dispuso Miguel Lifschitz a través de un decreto cuyo autoría es de Hermes Binner. Justificó la medida en la “lógica de la austeridad” y una medida concreta para hacer más eficiente el “gasto público”.
De acuerdo a lo que informó el diario Rosario12, Miguel Lifschitz puso su firma a un decreto que de Hermes Binner que en 2008 buscó limitar los sueldos de los funcionarios políticos y directores de empresas públicas, como Aguas Santafesinas y la EPE. Se trata del número 2055/18 que se publicó ayer en el Boletín Oficial y establece que “ninguna autoridad o personal del gabinete” o directivo de “sociedades del Estado o sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria podrán percibir una remuneración o contraprestación por todo concepto, bajo cualquier modalidad” que supere el ingreso de un ministro del Poder Ejecutivo.
El salario más alto será entonces el del gobernador, quien justificó la medida en la “lógica de la austeridad”. La firma fue concretada el pasado viernes, según confirmó el ministro de Gobierno, Pablo Farías. “¿Será retroactivo o se aplicará en el futuro?”, le preguntaron. “No puede ser retroactivo porque son derechos salariales. Pero a partir de ahora, cualquier sueldo que sea superior al del gobernador tendrá que retrotraerse a los montos que percibimos los ministros”, explicó.
La semana pasada se desató una polémica cuando quedaron expuetos los sueldos de los directivos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). En este marco, la secretaria de Energía Verónica Geese anunció que Lifschitz tenía a la firma el decreto que pone un techo salarial a los funcionarios políticos y ese límite era el ingreso de los ministros del gabinete.
Lifschitz consideró el decreto 2055 como una “medida concreta” para “controlar” y hacer más eficiente el “gasto público”. El objetivo es aplicar “políticas de contención, control y reducción del gasto con la finalidad de compatibilizarlo con los recursos disponibles”.
“Es necesario –planteó el mandatario- que las remuneraciones de las autoridades superiores, que presten servicios en el ámbito del Gobierno, se ajusten a parámetros uniformes en un contexto de lógica austeridad” y respondan “a principios de eficiencia y eficacia”. Esto permitirá un “manejo ordenado de la finanzas públicas”, contribuirá a “establecer un marco de previsibilidad en el accionar económico y financiero del Estado” y amortiguará “el eventual impacto que puedan tener las eventuales fluctuaciones de la recaudación provincial”.
