La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua informó este jueves que al menos 63 personas murieron y otras 15 están desaparecidas, en su mayoría jóvenes, a causa de la represión desatada durante las protestas de la semana pasada en ese país centroamericano.

La cifra sextuplica el número de muertes informadas por el Gobierno de Nicaragua, que no actualiza los datos desde la semana pasada, cuando se refirió a un total de diez muertos.

Las protestas comenzaron hace una semana y tenían como objetivo inmediato frenar la reforma de la Seguridad Social que planteaba el presidente, quien, por un lado, proponía reducir las jubilaciones y, por otro, aumentar las cargas empresarias.

Ante la masividad y la continuidad de las movilizaciones, y la creciente presión por los resultados sangrientos de una represión generalizada, Ortega finalmente decidió el domingo pasado retirar su plan de reforma jubilatoria.

Pero ya era tarde; los manifestantes ya no se contentaban con volver a la situación previa y comenzaron a pedir su renuncia inmediata después de 11 años ininterrumpidos en el poder, acusando al líder izquierdista y a su mujer y vicepresidente, Rosario Murillo, de autoritarios, represivos y corruptos.

El lunes por la noche, decenas de miles de personas marcharon por Managua para exigir su dimisión, evidenciando la magnitud de la crisis.

Hoy, las protestas parecían haber concluido y el país al parecer retornaba a la normalidad luego de que, en una forzada apuesta al diálogo, Ortega confirmara estar dispuesto a un diálogo con los empresarios y la Iglesia católica aceptara mediar en el conflicto.