Además del nuevo protocolo de actuación que anunció la Nación para atrapar a los tiradores en el momento del acto, desde la provincia también se expresaron decididos a esclarecer las últimas balaceras contra edificios públicos y para ello dispuso una millonaria recompensa.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe estableció un pago de dos millones de pesos para distribuir entre aquellos que aporten datos útiles, relevantes y decisivos al esclarecimiento de los atentados perpetrados en la ciudad entre el 10 y el 20 de diciembre.
Se trata de los ataques cometidos con armas de fuego contra el Centro de Justicia Penal, los Tribunales provinciales, el Concejo Municipal, y la sede de la Fiscalía, estos dos últimos durante la corriente semana.
Las actuaciones están a cargo del Equipo de Investigación de Gravedad Institucional creado por la Fiscalía Regional de la Circunscripción Judicial Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Quienes hayan sido testigos o cuenten con datos relevantes para aportar en el marco de esta investigación deben comunicarse a la línea gratuita 0800-444-3583.
Así lo establece la Resolución Nº 280, firmada este jueves por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, en la que consta que tanto la identidad de quienes brinden información como de quienes resulten adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de la investigación y/o el proceso judicial.
Además, el escrito destaca que el pago de la suma fijada será abonado previo informe del representante del MPA y de la dirección provincial del Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos, que depende de la cartera de Justicia, en relación al mérito de la misma.
Casos de “gravedad social”
El ofrecimiento de recompensa está previsto en la ley provincial Nº 13.494. En este caso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tras analizar los informes remitidos por la Fiscalía, valoró que se trata de casos de gravedad social y estima conveniente y oportuno acceder a lo solicitado. Lo que se busca es recabar testimonios y localizar a testigos que permitan la individualización de los autores y partícipes de estos ataques.
El denominador común en todos los hechos es que fueron cometidos con armas de fuego desde motocicletas. Los inmuebles afectados fueron los Tribunales provinciales (Balcarce 1651) y el Centro de Justicia Penal (Sarmiento 2801). En ambos casos, las balaceras ocurrieron el lunes 10 de diciembre. Asimismo se verificaron hechos en el Concejo municipal (Córdoba 501) el último miércoles y en la sede del MPA (Montevideo 1968) este jueves por la madrugada.
