Penas de hasta 14 años de prisión, multas e inhabilitaciones forman parte del pedido que, en el marco de la llamada “Megacausa”, realizaron los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, del Ministerio Público de la Acusación, al presentar este lunes la acusación contra 11 imputados por cinco casos de estafa y fraude inmobiliario.
Los funcionarios del MPA solicitan además que los bienes en poder de los acusados sean restituidos a las víctimas.
De acuerdo a un adelanto de Telenoche (El Tres), el trabajo que surgió de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos tiene más de 400 páginas en la que describen los hechos, los roles atribuidos y la prueba, entre las que hay escuchas telefónicas. Algunos de los elementos fueron recabados por la Dirección de Investigaciones Patrimoniales, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería Nacional.
La acusación comprende cinco maniobras:
1- Caso Luppi: un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia, propiedad de Ana Josefina Luppi, viuda del ex camarista penal Ernesto Navarro.
2- Caso Marelli: frustrada compraventa fraudulenta de los inmuebles de Presidente Roca 8 y 20 de Rosario.
3- Caso Giménez: compraventa fraudulenta del inmueble de Córdoba 7654 .
4- Caso Coman: compraventa fraudulenta del inmueble de Viamonte 5390.
5- Caso Achaga: compraventa fraudulenta del 50 por ciento de una fracción de terreno, situada en Villa Amelia.
Las penas que piden los fiscales para los imputados
Eduardo Martín Torres: 14 años de prisión, multa de $54.777.000 y diez años de inhabilitación especial para ejercer. Según el MPA, en su calidad de escribano, Torres "hace un aporte sustancial a la banda a través de la confección de cobertura documental para la generación de activos ilícitos".
Juan Roberto Aymo: 14 años de prisión y multa de $54.777.000. Según los fiscales, "se encargaba de las primeras fases de la ejecución de los fraudes inmobiliarios”. Creen que, “haciendo las veces de gestor, intervenía en la «pesca» de los inmuebles; reunía la documentación obrante sobre éstos; y reclutaba a los prestanombres/testaferros".
Jonatan Javier Zárate: tres años y 6 seis meses de prisión; multa de $100.000.
Ramona Rodríguez: tres años y seis meses de prisión; multa de $100.000.
Maximiliano González De Gaetano: 7 años de prisión; multa de $73.036.000. Para el MPA, "cumple un rol preponderante en las maniobras ilícitas de fraudes inmobiliarios, es uno de los organizadores. Cumple también con el financiamiento de la banda".
Juan Bautista Aliau: 5 años y seis meses de prisión; multa de $54.777.000 y 10 años de inhabilitación especial para ejercer como escribano. "Es el facilitador de las maniobras ilícitas de fraude y de puesta en circulación de bienes producidos ilícitamente, dándole con su actuación aparentes visos de legalidad e insertando la documentación apócrifa en los carriles institucionales", describen Narvaja y Haurigot.
Pablo Abdala: cuatro años y seis meses de prisión; multa de $36.518.000.
Marcelo Basilio Jaef: siete años de prisión; multa de $73.036.000. Según el MPA, "aporta a la banda su posición social, su capacidad de mostrar actividad patrimonial lícita y sus contactos y relaciones. De esa manera, su rol es esencial para la continuidad de los sucesivos traspasos del activo ilícito, ya que no solo disimula ese origen ilícito, sino que necesariamente financia esa actividad delictiva previa".
Leandro “Lelo” Pérez: siete años de prisión; multa de $73.036.000. La acusación señala, entre otras cosas, que "se erige como uno de los administradores de la banda” y “cumple funciones en la organización y coordinación de las maniobras ilícitas".
Luis María Kurtzemann: cinco años y seis meses de prisión, multa de $54.777.000 y diez años de inhabilitación especial para ejercer como escribano.
Jorge Oneto: cuatro años y seis meses de prisión y multa de $54.777.000.
Sigue en Tribunales
Este martes, en los Tribunales provinciales, habrá una audiencia en la Cámara de Apelaciones en la que se va a debatir la prórroga de la prisión preventiva de los implicados. No obstante, el curso de la causa quedó a la espera de una fecha para la preliminar al juicio oral y público.
