La Argentina acusó a Uruguay ante un organismo internacional de no cooperar en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La denuncia fue presentada ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por el delegado argentino ante ese organismo, Zenón Biagosh, quien se desempeña como director del Banco Central.

Según publicó hoy un matutino porteño, la posición argentina –expresada en una nota que firmó la ministra de Economía, Felisa Miceli–, indicó que Uruguay es un "centro financiero off shore", que ofrece ventajas a los no residentes, y destaca "la ausencia de restricciones al secreto bancario". Eso, sostuvo "sitúa al país en una posición vulnerable para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo internacionales".

Las quejas de la Argentina también alcanzan a la "actual legislación societaria uruguaya y al registro de sociedades", que "tampoco proveen de una adecuada transparencia" sobre la titularidad y el control de las personas jurídicas, lo que puede llevar a un "abuso" en la constitución y utilización de sociedades de acciones al portador "para fines ilícitos".

Según se estimó, "la falta de observancia" por Uruguay de los estándares de esas organizaciones es "extremadamente perjudicial". La ministra de Economía también alerta sobre el "efecto de atracción" de las jurisdicciones con "regulaciones insuficientes o control ineficiente" sobre los flujos financieros ilegales y asociados a la "fuga de capitales y a cuestiones tributarias".

Por ello, la Argentina pidió que Uruguay coopere con el GAFI y con los demás países. A su vez, el gobierno de Uruguay, en un comunicado oficial, sostuvo que había asumido "la misión, obligación y el compromiso" de "trabajar para la aplicación" de un marco legal que "tiene un sistema preventivo tanto para el sector financiero, como financiero".

La polémica se registró en momentos en que la relación entre la Argentina y Uruguay atraviesa por un mal momento como consecuencia del conflicto de las papeleras. La disputa tuvo lugar al finalizar la segunda reunión plenaria de la Fuerza de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (FATF-XVIII, según las siglas en inglés).

Durante el encuentro, Argentina evitó ser castigada por demoras en la implementación de normas para la lucha contra delitos financieros. El presidente Néstor Kirchner remitió recientemente al Senado un proyecto de ley que castiga el financiamiento del terrorismo internacional.