La titular de la Oficina Anticorrupción, la macrista Laura Alonso, fue denunciada penalmente por la contratación de una consultora ligada al oficialismo para hacer tareas de divulgación, a pesar de que todos los organismos del Estado tienen sus propias direcciones de prensa. Además, la propia empresa reconoce entre sus objetivos el lobbying, "la representación de intereses privados ante el Estado".
El abogado Leonardo Martínez Herrero denunció este martes a la Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso, por presuntos “negocios incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos” a raíz de la contratación de la consultora Consuansor, vinculada al oficialismo, para tareas de prensa y manejo de redes sociales.
Alonso dio de baja el contrato (de un millón de pesos), cuando trascendió el convenio que firmó la oficina que justamente debe encargarse de velar por la transparencia del Estado.
El caso fue divulgado por el diario Página 12 en una serie de notas en enero pasado. Allí se reveló que la OA había decidido contratar a una consultora privada para encargarse de las tareas de prensa, algo ya de por sí extraño dado que los organismos estatales designan voceros y equipos de comunicación propios. Más oscuro resultaba que la firma Consuansor, fundada en 2005, enumeraba entre sus tareas al lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado.
Con los datos aportados el último fin de semana por el periodista Sebastián Lacunza en Letra P, Martínez Herrero realizó la denuncia penal, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello (subrogado por Luis Rodríguez), y en ella subraya que el convenio con Consuansor “no se trata de un mero contrato obtenido presumiblemente gracias a un vínculo político sino que la empresa se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a Alonso ante un evidente conflicto de intereses”.
En su presentación el denunciante recuerda que, entre otros servicios, Consuasor ofrece a través de su web el análisis de “riesgo político-regulatorio” y el “lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado. De modo que la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (tal es el nombre formal de la OA), una de cuyas tareas es investigar el cruce de intereses estatales y privados, se encuentra ante el escenario de pagar a una consultora que también trabaja para empresas que buscan incidir en políticas gubernamentales”.
Más adelante, Martínez Herrero subraya que desde 2015 la Oficina Anticorrupción se ha caracterizado por “la alta rotación de “prenseros”, a pesar de lo cual Consuasor fue ganando terreno y se transformó en “la voz de Alonso y jefatura de prensa de la OA”. De hecho –añade el denunciante–, las consultas periodísticas regulares al área de prensa son respondidas por la consultora.
Por último, el mismo abogado que en su momento solicitó la reanudación del programa Fútbol para todos solicitó al Poder Judicial que se inicie “la Investigación Penal pertinente”. Interviene en el caso el fiscal Carlos Stornelli.
