En el marco de la discusión del presupuesto en el Congreso, y con el gobierno empeñado en achicar el déficit fiscal, el radicalismo presentó un proyecto para que todos todos los funcionarios judiciales, incluidos los jueces, paguen impuesto a las ganancias.
Actualmente, gracias a una medida cautelar de la Cámara Contencioso Administrativa federal que integran magistrados que no pagan el impuesto, solo están alcanzados por el tributo los funcionarios que fueron designados a partir del 1° de enero de 2017 y que ingresaron a la Justicia por fuera de ese poder: son ocho jueces en total.
De acuerdo a un informe del Ministerio de Economía este año el Estado se pierde de recaudar $ 7.337 millones por la exención, suma que se eleva a $ 9.854 millones para el año que viene.
