La jueza federal Sylvia Raquel Aramberri rechazó la demanda promovida por un fideicomiso privado que reclamaba la posesión de un predio ubicado en avenida Francia entre Caseros y Junín, en la zona conocida como Puerto Norte, donde actualmente se radican de forma irregular unas 70 familias.

Las tierras pertenecen al Estado Nacional bajo jurisdicción de las Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), quienes junto al municipio trabajan para regularizar la situación habitacional de las familias y darle uso al espacio público en cuestión.

Tras conocerse el fallo judicial que rechaza la demanda de prescripción adquisitiva del fideicomiso privado contra el Estado nacional, la intendenta Mónica Fein celebró la sentencia de la magistrada y sostuvo que se trata de "un fallo a favor del Estado que frena la especulación inmobiliaria por parte de un privado”.

"Es una especulación sobre bienes públicos y sobre la necesidad de los vecinos que habitan ese lugar desde hace muchos años y vieron una falsa oportunidad de resolver definitivamente su situación habitacional”, agregó la intendenta.

Fein aseguró que a partir de ahora “vamos a empezar a trabajar con los vecinos, a brindarles una solución para luego, en conjunto, gobierno municipal y Estado nacional trabajar en un proyecto integral de recuperación y uso de los espacios públicos”

En ese sentido, la mandataria destacó la medida que pone un límite a la especulación de un sector privado sobre tierras fiscales y valoró "la predisposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Adif para trabajar en conjunto para encontrar el mejor destino a estos terrenos privilegiados de la ciudad".

En el fallo, la jueza Aramberri entiende que "no se encuentran reunidos los extremos exigidos por las disposiciones legales para permitir que prospere la acción, no encontrándose acreditado la efectiva posesión en carácter de dueño por el período previsto por la ley para lograr la declaración que pretende el fideicomiso demandante, por lo que habré de rechazar la acción de prescripción pretendida".

Fein ya ha venido manteniendo encuentros de trabajo con el titular de la AABE, Ramón Lanús, para avanzar en un acuerdo que contempla un proyecto integral para las tierras y una solución para las familias que en la actualidad habitan el lugar.

El caso

En el terreno de Francia entre Caseros y Junín viven las familias que le firmaron a un fideicomiso administrado por un empresario del rubro pastelería una “cesión de derechos y acciones posesoras”.

Algunas de esas personas dijeron que no saben bien lo que firmaron y que lo hicieron porque les prometieron darles casas de material, en otra zona de la ciudad.

Así, el empresario en cuestión pretendía quedarse por un precio módico con un terreno valiosísimo, según publicó Rosario3.com en marzo del año pasado.

Después del desmantelamiento de la estructura ferroviaria quedaron en desuso y abandonados una gran cantidad de terrenos a lo largo y a lo ancho del país. En Rosario, el proceso de reconversión de esas tierras comenzó en 1993, cuando el Estado Nacional de aquel entonces, con la presidencia de Carlos Saúl Menem, decidió otorgarles a los municipios la posibilidad de aprovechar con otros fines esas zonas destinadas, en el pasado, al funcionamiento de los trenes.

En la ciudad, la Municipalidad decidió desarrollar proyectos públicos y privados y así fue como se reutilizaron los galpones ferroviarios para el shopping Alto Rosario, se construyó el Parque Scalabrini Ortiz, se llevaron a cabo los desarrollos inmobiliarios en Puerto Norte y costanera y a cambio los inversores abrieron calles, avenidas y plazas.

Sin embargo, hay terrenos sobre los cuales aún no se pudo avanzar, por distintos motivos. Entre ellos está el terreno ubicado sobre Francia entre Caseros y Junín, que se hizo conocido públicamente tras el informe de narcotráfico del programa de Jorge Lanata en el cual se mostraba el funcionamiento de un búnker de drogas frente a una de las zonas más caras de la ciudad.

Es una superficie de 20.000 metros cuadrados conformada por un espacio verde, una zona usurpada por unas 70 familias aproximadamente y una cooperativa distribuidora de jugos.