El Tribunal Oral 4 aprobó el pedido de excarcelación presentado ayer por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou y ordenó su libertad en fianza por la causa de la ex calcográfica Ciccone, por la que había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión. La medida es bajo el pago de una caución de 1 millón de pesos e incluye el uso de una tobillera electrónica.
La defensa de Boudou había planteado ayer que le concedieran al funcionario su excarcelación o mínimamente prisión domiciliaria con tobillera electrónica, luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara el viernes a otros imputados en la causa sin prisión preventiva, a diferencia de la resolución que tomó con el funcionario en diciembre de 2017.
Los abogados se ampararon en la resolución que tomó Lijo cuando decidió procesar al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura sin enviarlos a prisión por considerar que no había posibilidades de entorpecer la investigación. Sobre este último punto basaron el recurso que hoy aprobaron las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliot. Votó en disidencia Néstor Costabel.
Las juezas recordaron en su fallo que "en nuestro Estado de Derecho rige el principio de permanencia en libertad" durante un proceso penal. "El encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación", manifestaron en su voto en mayoría. Y enviaron un fuerte mensaje: "a la luz de nuestra realidad carcelaria, evitar el uso abusivo de la prisión preventiva debe ser un principio rector de la magistratura".
El mismo tribunal le había negado la excarcelación a Boudou en agosto, a la semana de haber dictado su condena. Boudou fue hallado culpable por el tribunal de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, pero los jueces habían requerido su detención inmediata en el penal de Ezeiza tras la lectura de la sentencia, a pesar de que el fallo no estaba firme.
El tribunal acusó a Boudou de haber adquirido el 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda y luego impulsar su salvataje, mientras era ministro de Economía.
El exfuncionario siempre negó la imputación y ratificó dicha postura durante su alegato final. Ante el tribunal, afirmó que "jamás" negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone y señaló que durante el juicio se "invirtió la carga de la prueba".
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