El Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ) pidió información al juez Sérgio Moro sobre su nombramiento como futuro ministro de Justicia y Seguridad Pública. El magistrado integrará el gabinete del presidente electo, Jair Bolsonaro, quien asumirá el 1 de enero.

El magistrado Humberto Martins hizo un "pedido de providencias" para que Moro, responsable en primera instancia de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato y de condenar y enviar a la cárcel al ex presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva, dé en un plazo de 15 días explicaciones sobre su supuesto nombramiento como titular de Justicia en el gobierno de Bolsonaro, señaló el CNJ en una nota.

El juez respondió así el pedido de algunas entidades, ciudadanos y partidos, entre ellos el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, para verificar la supuesta actividad político-partidaria ejercida por Moro al aceptar la propuesta del ultraderechista.

En el comunicado publicado en la noche del viernes, Martins indicó además que reunió todas las demandas de investigación sobre la conducta del magistrado de Lava Jato en una única acción para evitar la "repetición de actos procesales" sobre "hechos homólogos" que representarían un "desperdicio de recursos humanos y materiales".

En una de esas solicitudes, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia alegó que Moro habría violado el Código de Ética de la Magistratura al "iniciar tratativas de ejercer otro cargo público aún durante el ejercicio del cargo de magistrado".

El PT, por su parte, acusó al magistrado de "parcialidad" y de "interferir de manera indebida en el proceso electoral, siempre con el objetivo de perjudicar al Partido de los Trabajadores y sus candidaturas".

Estas acusaciones fueron desestimadas por Moro, quien el pasado martes afirmó que el ofrecimiento de la cartera de Justicia no tenía "nada que ver" con el proceso de Lula ni que tampoco pretendía usar su nuevo cargo para promover "persecuciones políticas".

"No pueden dejarme atado por la fantasía de que estoy promoviendo una persecución política", se defendió el magistrado.

Tras anunciar su aceptación del cargo a principios de mes, el juez se tomó vacaciones para "evitar controversias innecesarias" con su trabajo y los procesos de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.

Asimismo, anunció que renunciaría a su cargo de magistrado federal recién en enero, tras la asunción del nuevo gobierno de Bolsonaro.