Historiadores de todo el país, trabajadores del Archivo General de la Nación (AGN) y fiscalías especiales que investigan delitos de lesa humanidad y apropiación de niños durante la dictadura manifestaron su repudio y preocupación ante una resolución del gobierno nacional que autoriza la eliminación de archivos judiciales de hasta 1982, una vez que se hayan digitalizados.
El 2 de enero pasado salió publicada en el Boletín Oficial una Resolución (la 44/2016) del Ministerio de Modernización de la Nación que en sus artículos 8 y 9 establece la potestad de destrucción de documentación pública por parte de funcionario con rango no inferior a Director General o Nacional, así como la de declararla de valor histórico y transferirla al AGN.
Los trabajadores de la AGN advirtieron que esa medida "abre la puerta a la arbitrariedad más manifiesta en materia de evaluación documental y acceso a la información; así como a la destrucción intencional de posibles pruebas o información que sea garante de derechos o posible fuente para la Historia".
Ese sistema, dijeron, no incluye asegurar la integridad, el contexto, la autenticidad ni la recuperabilidad de los documentos en el largo plazo. Que se digitalicen documentos no quiere decir que se pueda asegurar que se mantengan intactos en el largo plazo o cómo era el original. Expresaron que que ya tenían "problemas" con la política de gestión electrónica porque no asegura el largo plazo de lo que se está empezando a producir "hoy", de lo "nativo digital".
"Ahora a eso, se le suma la determinación de «pasar a digital» lo que fue generado originalmente en papel, destruyendo dicho soporte. Lo que no hace sino atentar contra la función social de los Archivos, tal como lo señala la declaración de la Unesco de 2011", añadieron.
En tanto, instituciones y organizaciones que agrupan a historiados e investigadores lanzaron un petitorio que manifiesta "una profunda preocupación ante las consecuencias negativas que estas decisiones podrán tener para el patrimonio histórico nacional y para la disponibilidad y acceso a la información pública".
"Por tal motivo, solicitamos que se suspenda de inmediato la aplicación de estas disposiciones hasta tanto se expida al respecto una Comisión de trabajo integrada con autoridades e instituciones representativas de la actividad archivística e historiográfica a fin de que dicha Comisión contribuya a diagramar una política pública de resguardo del patrimonio histórico nacional del cual la documentación en peligro forma parte ineludible", añade el texto impulsado por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AAIH), con más de 10 mil adhesiones, según informó Notas.org.ar.
El pedido de la Justicia
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas solicitaron esta semana la conservación de expedientes archivados en nueve juzgados de instrucción nacional, porque la información contenida en los legajos abiertos entre 1972 y 1983 puede resultar de relevancia para la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado. Requirieron que la medida se haga extensiva a todo el Poder Judicial.
Las solicitudes, publicadas en el sitio de Fiscales.gob.ar, en fueron formuladas por el titular de la Procuraduría, Jorge Auat, y la fiscal federal María Ángeles Ramos, y por el fiscal general a cargo de la Unidad Especializada, Pablo Parenti, en diferentes oficios remitidos al director del Archivo General del Poder Judicial de la Nación, Augusto José Fernández Pinto.
Parenti, además, remitió un oficio al presidente del Corte, Ricardo Lorenzetti, en el que le sugirió el dictado de una acordada que no sólo disponga la prohibición de destrucción sino también la invitación a los tribunales superiores de cada provincia para que adopten medidas similares, tal como ya lo han hecho las cortes supremas bonaerense (2008) y tucumana (2016), y el Tribunal Superior de Córdoba (2005).
Los pedidos formulados a la Corte por ambos organismos de la Procuración General de la Nación señalan que deben preservarse las causas que abarquen el período del terrorismo de Estado. Para casos de apropiación de niños y niñas, el período relevante es el comprendido entre 1974 y 1983, mientras que para el resto de los casos, al menos desde 1972.
El 7 de febrero pasado la Corte informó a través del Boletín Oficial que serían destruidos expedientes archivados en catorce secretarías correpondientes a nueve juzgados de instrucción porteños. Se trata de causas abiertas entre los años 1941 (los más antiguos) y 1982.
"Solicitamos la conservación de todos los expedientes iniciados entre los años 1972 y 1983 atento a que podrían contener datos vinculados a causas en las cuales se investiga violaciones de derechos humanos, hasta tanto puedan ser consultados por este Ministerio Público Fiscal", indicaron Auat y Ramos, y solicitaron "el acceso a la nómina de expedientes incluidos en la disposición, a fin de seleccionar aquellas causas que ameritan una conservación prolongada".
