Un fallo del juez federal Reinaldo Rodríguez pone a la ciudad de Funes al borde de una crisis institucional, pues el magistrado lo inhabilitó para ejercer cargos públicos junto al ex candidato a gobernador del PRO Miguel del Sel por no haber podido justificar el origen de fondos de la campaña electoral de 2012. Según publica Rosario 12, el plazo de la “inhabilitación” es por “seis meses” para “el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos” en puestos “públicos nacionales” y como "autoridades de partidos políticos" y el desempeño en ambos cargos en ese lapso.
El concejal del PRO de Funes Carlos Olmedo dijo este viernes a la mañana en el programa Radiópolis, de Radio 2, que en esa época Barreto fue por quince días tesorero del PRO en Santa Fe y ató la resolución judicial a la campaña política de cara a las elecciones de octubre.
Ademñas, aseguró que el Concejo no fue notificado de la resolución, que según él no está firme y que además, como habla de cargos nacionales, no será necesario analizar la necesidad de que Barreto deje su cargo de intendente. “Esto es político”, afirmó.
La prueba en la que se basa el juez Rodríguez es el propio “balance del PRO” firmado por Del Sel y Barreto, que “impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de la campaña”, en la que Torres del Sel resultó electo diputado nacional, aunque luego cedió su banca a su colega Luciano Laspina, quien hoy preside la comisión de Presupuesto de la Cámara.
Según el fallo, los dirigentes del PRO nunca subsanaron las “observaciones” que formuló la Cámara Nacional Electoral y se olvidaron de informar partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del año 2011 por 50 mil 985 pesos, aportes públicos para boletas de diputados generales por 213 mil 441 pesos; aportes por diferencia de la primarias para diputados nacionales por la suma de 5.188 pesos y una lista de aportes privados.
En su defensa, Torres del Sel reprochó al fiscal que el "incumplimiento" que le achacaba era "formal" e "insignificante" y que "en caso de aplicarse las graves sanciones que prevé la ley existiría una desproporción entre la falta cometida y la pena".
El fiscal desmintió el supuesto "incumplimiento insignificante" que argumentó el actor cómico. "La alegada insignificancia no es tal" porque se trata de conductas que "se adecúan a figuras típicas penalmente reprochables y por lo tanto merecen ser llevadas a juicio y en su caso, penadas". Y advirtió que los dirigentes del PRO "no pueden acreditar debidamente el origen y destino de los fondos recibidos".
