En un acto celebrado este lunes al mediodía, el gobernador Miguel Lifschitz entregó al Dr. Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el nuevo edificio de Justicia Penal, que será habilitado para su funcionamiento pleno dentro de 120 días, plazo durante el cual se llevará a cabo el equipamiento de mobiliario y sistemas informáticos necesarios.

El nuevo Centro de Justicia Penal, ubicado en la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Virasoro, Mitre y Rueda, implicó una inversión de casi 350 millones de pesos y tiene como objetivo agilizar los procesos penales, al congregar en un mismo edificio a jueces, fiscales, defensores y Oficinas de Gestión, quienes hasta ahora se encontraban dispersos en distintas dependencias judiciales.

Además de autoridades del Poder Ejecutivo santafesino, legisladores y funcionarios municipales, participaron del acto los ministros del Máximo Tribunal provincial Dres. Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, como también el procurador general de la Corte Dr. Jorge Barraguirre.

En el acto de entrega del edificio, el Dr. Daniel Erbetta destacó que la puesta en funcionamiento simboliza un momento importante dentro de un proceso institucional y político que “le ha permitido a nuestra provincia dar un superlativo salto de calidad con positivos resultados cualitativos y cuantitativos” para continuar mejorando el funcionamiento del nuevo sistema procesal penal oral y público que “ha logrado transparentar la función judicial”.

Además, agradeció por “este enorme esfuerzo que comprometió a tres poderes del Estado santafesino, a todos los partidos políticos con representación parlamentaria y a cuatro gestiones de gobierno”.

El presidente de la Corte enfatizó que “hoy, a casi tres años y medio de su implementación podemos afirmar que el impacto organizacional de la reforma ya ha permitido alcanzar muchos de los objetivos propuestos”.

“Se ha logrado transparentar la función judicial, se ha desterrado una de las serias afectaciones a la independencia de los jueces que es la delegación funcional, al implementarse un sistema excluyente de audiencias públicas y orales, se ha desformalizado la etapa preparatoria y eliminado el expediente, y se ha concretado una nítida separación entre la función jurisdiccional y la de organización y gestión”, amplió.