Los siete empleados gastronómicos que habían sido detenidos en el marco del paro general de este martes fueron imputados por amenazas coactivas y compulsión a la huelga. Se trata de representantes del gremio Gastronómico, acusados de impulsar el cierre de dos locales gastronómicos de la ciudad para que se cumpla la medida de fuerza. El titular del sindicato local pidió que no se criminalice la protesta y sostuvo que la causa es “un capricho” de la fiscal.

Durante la audiencia de este miércoles se ordenó que los siete empleados queden en libertad pero el juez José Luis Suárez les dictó una prohibición de acercamiento con los denunciantes, titulares de los bares de Alem al 1700 y de 3 de Febrero al 400. Además, los siete imputados tendrán que ir a firmar semanalmente al Centro de Justicia Penal.

En una conferencia de prensa realizada tras la audiencia, la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Investigación y Juicio, aseguró que “el material de evidencia es contundente".

“Siete personas descienden de una camioneta y expresan dichos intimidantes y amenazantes para que cierren el comercio”, detalló la funcionaria judicial.


Haurigot también contó que de ser encontrados culpables los acusados tendrían una pena que va de los 2 a los 4 años de prisión. Sin embargo, como no tienen antecedentes penales, sería de cumplimiento condicional.

De cualquier manera, la fiscal no descartó que las partes puedan llegar a un acuerdo o conciliación que evite llegar a esa sentencia.

Finalmente, dijo que los imputados no declararon y que sus defensas atribuyeron lo ocurrido al derecho constitucional a la huelga. Para el Ministerio Público de la Acusación en cambio existió “una colisión de derechos de igual jerarquía constitucional, por el derecho de trabajar”.

El secretario general del sindicato Gastronómico, Sergio Ricupero, dijo a Radio 2 que tomó la imputación “con muchísima preocupación”.

“Estos chicos no hicieron nada, las pruebas van a demostrar eso”, aseguró el dirigente sindical y calificó la causa como “un capricho de esta fiscal”.

Ricupero pidió que no se criminalice la protesta y se quejó por la medida de la fiscalía aceptada por el juez para que los siete imputados tengan que presentarse a firmar una vez por semana.

“¿Tienen miedo que los chicos nuestros se vayan a Europa o se fuguen del país con lo que ganan?”, se preguntó el dirigente gremial.