Veintitres policías del Comando Radioeléctrico de Santa Fe fueron imputados este viernes por diversos delitos como robo calificado, torturas, daño y tenencia ilegítima de armas. Quince quedaron detenidos, una agente obtuvo arresto domiciliario y el resto seguirá el proceso en libertad.
En una audiencia imputativa, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez acusaron a los integrantes de la fuerza de seguridad de graves hechos, cuyas calificaciones fueron aceptadas por la jueza penal de primera instancia Susana Luna.
La audiencia comenzó a las 18 y se extendió hasta las 23 por la cantidad de imputados y la variedad de delitos endilgados a cada uno.
“Entre las atribuciones más comunes, se destacan la falsedad ideológica en instrumento público y la portación y tenencia de armas de fuego”, sostuvo el fiscal Hernández.
“Esto es así –siguió– porque una de las conductas de los imputados que se reitera en los hechos investigados es lo que vulgarmente se llama «plantar» armas a personas que no llevaban, o «reemplazar» armas a quienes tenían una en su poder”.
El fiscal agregó que “además hay otras imputaciones por delitos que son considerados como más graves por el Código Penal, como torturas, robo calificado, allanamientos ilegales y privación ilegítima de la libertad”.
Los acusados prestaron servicio en el Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe entre 2016 y 2018, cuando se habrían cometido los delitos investigados, y ahora cumplen funciones en otras áreas de la Policía provincial.
Todos fueron detenidos el martes pasado por orden de los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, que llevó adelante la investigación.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación, 15 de los policías permanecerán con prisión preventiva y el plazo de cada una de ellas se resolverá en audiencias previstas entre el miércoles 3 y el martes 9 de abril.
Otros siete acusados seguirán el proceso en libertad, atento a que los fiscales les imputaron delitos de menor gravedad.
En tanto, una mujer policía involucrada en el caso fue beneficiada con prisión domiciliaria porque es madre de un niño menor de 5 años.
Según la investigación, los policías cometieron entre 2016 y 2017 robos calificados (por el uso de armas), hurtos, falsedad ideológica, daños y lesiones graves.
En algunos casos también se les imputó aplicación de tormentos y tenencia ilegítima de armas de fuego, que utilizaban para “plantar” en procedimientos ilegales.