La Corte Suprema de Brasil suspendió la asunción de Cristiane Brasil, condenada por violar normas laborales.
"Concedo parcialmente la medida cautelar para suspender la toma de posesión", indicó el fallo de la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia.
Con esta decisión, el nombramiento de la diputada Brasil para dirigir la cartera de trabajo regresó a foja cero casi 20 días después de que el presidente Michel Temer la convocara para sumarse a su gabinete.
Brasil fue escogida el 3 de enero y poco después una acción popular presentada en un juzgado de Rio de Janeiro impidió que asumiera por "inmoralidad administrativa" tras haber sido condenada por infringir la legislación laboral, precisamente el área que deberá conducir.
Según ese reclamo, la ministra había "personal y deliberadamente defraudado normas del trabajo en por lo menos dos oportunidades, ya sea dejando de promover la formalización del vínculo laboral o sometiendo a los trabajadores a jornadas exhaustivas".
El sábado pasado un tribunal superior dio luz verde al nombramiento, pero un día después volvió a ser bloqueado por la corte suprema.
Una fuente del Palacio de Planalto explicó a la AFP la semana pasada que el caso será recurrido "hasta el final" por considerar que es una intromisión en la separación de los poderes de la República.
El gabinete de Temer tiene al menos a 13 de sus 28 ministros con aspiraciones de postularse en las elecciones de octubre, donde se renovarán los 513 diputados y 54 de los 81 senadores, lo que abre la puerta a nuevos bloqueos judiciales a la hora de reemplazarlos.
Según las leyes brasileñas, los ministros que compitan en los comicios deben dejar sus cargos a más tardar en abril.
El episodio agrega un capítulo al enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial, desatado por las investigaciones de la Operación Lava Jato, una megacausa que desvendó una red ilegal de financiación de la política y regó de acusaciones a fuerzas de izquierda y de derecha, incluyendo al propio Temer.
El caso puso tras las rejas a políticos y empresarios y dio lugar a inusuales allanamientos en el Congreso Federal, cuyos legisladores reaccionaron elaborando un arsenal de proyectos para limitar el avance de investigaciones sobre la corrupción.
