La expresidenta Cristina de Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo, fueron enviados a juicio oral y público por presunto lavado de dinero en el caso Hotesur, por la que se investigan el alquiler de hoteles al empresario Lázaro Báez.
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Julián Ercolini envió el expediente a un Tribunal Oral para que se someta a juicio el caso.
La elevación fue firmada por el magistrado tras el pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes habían hecho el requerimiento semanas atrás.
Ahora el expediente pasa a un tribunal oral y no se descarta que se acumule con el caso "Los Sauces", en el que también se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero con el alquiler de complejos habitacionales, con la posibilidad de realizar para ambos casos un único debate oral.
El caso Hotesur además tiene como implicados a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; al empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice; al contador Víctor Manzanares; a Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornos, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.
La causa es por la presunta maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, quien se encuentra detenido y actualmente es juzgado en la causa denominada la "ruta del dinero K".
"Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados", sostuvieron los fiscales al pedir el juicio.
La presunta maniobra tendría como origen el dinero destinado a la obra pública y que en su mayoría estaba destinado a Austral Construcciones, la empresa de Báez: la firma recibió un 80 por ciento del total que entregó el Estado Nacional entre 2003 y 2015.
Luego de ello -según la Fiscalía- se estableció un circuito que "permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas a favor de una actuaria como sociedad anónima, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistiría en recibir dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo al negocio de la hotelería".
Según se estableció en la causa, fueron un total de 86 los millones que desembolsó Valle Mitre a Hotesur por el pago de cánones de alquiler de habitaciones de los distintos hoteles del matrimonio Kirchner: Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea.
