El monstruoso hecho ocurrido en Rafaela suma datos que aumentan la gravedad del caso. El hombre que fue detenido por mantener encerrada durante varios días, durante los cuales la torturó, también fue imputado por el sometimiento sexual de una nena de 13 años, que es la hija menor de la víctima. Ordenaron la prisión preventiva para el abusador.

El hombre de 48 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación que encabeza la fiscal Ángela Capitanio por el sometimiento físico y psicológico que sufrió una mujer en Rafaela. Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi, en el marco de una audiencia llevada a cabo esta mañana en la que la fiscal Capitanio solicitó la medida cautelar.

Los delitos que le imputó la funcionaria del MPA son reducción a la servidumbre; lesiones graves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; y abuso sexual agravado por acceso carnal.

Además, se le atribuyó la autoría del delito de abuso sexual simple agravado (por el aprovechamiento de la convivencia preexistente) en perjuicio de la hija de su pareja. En tal sentido, los delitos contra ambas mujeres fueron atribuidos en concurso real.

Servidumbre

Los delitos que investiga la fiscal Capitanio fueron cometidos por el imputado desde fines de mayo de este año –fecha en la que comenzó a vivir con la víctima y con la hija de la mujer– hasta el martes 26 de septiembre. “Todo lo vivido por la mujer fue el resultado de un sometimiento constante y un permanente menoscabo a su dignidad”, señaló la fiscal.

“En un primer momento vivieron en un campo situado en la localidad de Sarmiento en el departamento Las Colonias, y luego se trasladaron a una vivienda ubicada en el asentamiento Villa Sur en la ciudad de Rafaela”, precisó Capitanio.

“Desde que comenzó la convivencia, el hombre redujo a servidumbre a la mujer y la sometió psicológica y físicamente: decidía las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ella transcurría su vida”, agregó.

La fiscal Capitanio manifestó que el imputado “decidía cómo y cuándo debían tener relaciones sexuales –incluso contra la voluntad de la víctima–; resolvía cuándo la mujer podía salir o quedarse en la vivienda y con quién se podía relacionar. Además, se apoderó de su documento y de su tarjeta de débito de cobro de asignaciones familiares, por lo que disponía de sus ingresos económicos.

Como si fuera poco, también la privó de comunicarse libremente con su entorno familiar, laboral y social; y la obligó a realizar trabajos domésticos cuando su estado de salud no se lo permitía a raíz de los golpes que él mismo le había propinado”.

La funcionaria del MPA agregó que “las agresiones fueron de tal gravedad que, de acuerdo a lo constatado el martes de esta semana, la mujer tenía hematomas, golpes, escoriaciones y contusiones en el rostro y en distintas partes del cuerpo; lesiones internas; múltiples fracturas costales bilaterales, algunas de ellas con desplazamiento; fractura del pómulo y de la zona pélvica”.

Por último, Capitanio informó que “en este contexto, el imputado también cometió delitos contra la integridad sexual en perjuicio de la hija de su pareja, una adolescente menor de edad”.