La agrupación Hijos Rosario presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra el ex juez federal Guillermo Ernesto Tschopp en la mañana de este miércoles por su presunta participación en graves crímenes de lesa humanidad. La presentación está basada en los testimonios de decenas de víctimas del terrorismo de Estado. El ex funcionario judicial apuntado se desempeñó como titular del Juzgado Federal Nº 2 entre 1976 y 1984. 

La denuncia fue ingresada ante la sede local de la Unidad Especial de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal. Releva los casos de al menos 16 víctimas de la dictadura que fueron privadas ilegalmente de la libertad y torturadas en centros clandestinos de detención que funcionaron en Rosario, algunas de las cuales fueron además asesinadas y desaparecidas.

Según el comunicado enviado por Hijos, se cuenta la multiplicidad de casos en los que Tschopp recibió denuncias de personas secuestradas en centros clandestinos de detención o cárceles de la dictadura –incluso algunas embarazadas–, que le manifestaron las torturas a las que eran sometidas para hacerles firmar declaraciones en su contra. El juez, de acuerdo a la denuncia, no sólo no investigaba sino que utilizaba ese material para condenarlas.

La presentación judicial para que se investigue a Tschopp lleva la firma de Franco Porporato, Nadia Schujman, Natalia Lorena Moyano, Santiago Bereciartua, Sofía Luján Barro Fosin y Matías Gómez, integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos) regional Rosario.

En su informe enviado a la prensa –en el cual la organización de derechos humanos decidió preservar los nombres de las víctimas–, se destacaron algunos de los casos de los 16 relevados en esta primera denuncia contra Tschopp. Allí, se menciona el de un detenido-desaparecido que luego de haber sido salvajemente torturado en el Servicio de Informaciones, “a fines de 1976 es trasladado y alojado en la cárcel de Coronda”, donde fue visitado por Tschopp.

“Ante la presencia de este magistrado (el detenido) denunció las torturas y los apremios ilegales sufridos en el SI, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del consejo de guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios, por no haber contado con una defensa, por haber firmado todas las actuaciones estando tabicado (vendado). Luego del arsenal de denuncias realizadas por la víctima, el magistrado le contestó: «¿Usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?»”, señala la denuncia.

“Asimismo (Tschopp) le hizo saber (a la víctima) que las actas de estas declaraciones serían la base con la que él lo juzgaría. La condena dictada por el consejo de guerra (realizado por los militares), de 8 años y 7 meses de prisión, fue aumentada por la justicia federal en 10 años de prisión”, completa el relato la presentación de Hijos.

Otro de los casos mencionados por Hijos es el de una embarazada de 8 meses, que estando privada de su libertad en el año 1977 interpuso recurso de amparo, que obra en el Archivo de los Tribunales Federales, y en cuya primera foja contiene una carta en manuscrita de la mujer denunciando “las condiciones de detención inhumanas que sufría”. “Dicho recurso tramitó ante el Juzgado Federal N° 2 de Rosario, a cargo por aquel entonces de Tschopp, quien a pesar de lo narrado por la detenida no tomó medida alguna para hacer cesar dichas condiciones ilegales de detención”, agrega el texto.

"Esa madre, que había estado privada ilegalmente de la libertad en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario, y que fue sometida a un parto en la Maternidad Martin en la peor de las condiciones, pudo relatar en forma verbal al magistrado el secuestro, las torturas, la detención de ella y de su marido. A pesar de ello, Tschopp nunca inició una investigación en este sentido, ni dejó, cuánto mínimo, asentadas esas declaraciones", expresa el escrito. 

Tras repasar los 16 casos relevados, Hijos señala que si bien la omisión de los deberes de funcionario es un “aporte penalmente reprochable en la medida en que además de su carácter sistemático el magistrado tenía el deber jurídico de actuar”, Tschopp se terminó erigiendo en “una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad”.

“Asimismo –destaca la presentación de Hijos–, no puede soslayarse el silencio acerca de estos hechos que guardó Tschopp aún luego de retornarse al régimen democrático de gobierno, cuando comenzó a echarse luz sobre las atrocidades cometidas por la dictadura militar en aquellos años”, concluye el documento.