Parte de los presuntos integrantes de una organización que con base en Rosario proveía de facturas falsas a unas 6.500 firmas de todo el país fueron indagados este jueves ante la Justicia Federal local. Son algunos de los detenidos el miércoles por Gendarmería en los más de 30 allanamientos efectuados junto a la Afip en la ciudad y otras localidades de la zona.

El juez federal N°3, Carlos Vera Barros, adjudica a Miguel Centeno (empleado de 65 años), Lelio Serafini (gestor automotor, de 62), Marcelo Liporaci (de 50 años), la contadora Cristina Ottaviano, Ricardo Astudillo (comerciante de 47) y Adrián Zeballos conformar un grupo destinado a la creación de empresas y a la comercialización de facturas electrónicas y manuales.

Dichos comprobantes apócrifos eran requeridos por contribuyentes interesados en evadir impuestos a través de créditos fiscales o gastos ficticios. De esa manera, disminuían IVA o Ganancias.

En el acto de indagatoria, todos optaron por abstenerse y no responder a las preguntas del magistrado y de los representantes de la Fiscalía, a cargo de Federico Reynares Solari, informó en Radio 2 el periodista Hernán Funes. Quienes cumplieron con el trámite procesal (ni Astudillo ni Octaviano lo hicieron por cuestiones de salud) estuvieron representados por los abogados Paul Krupnik, Sergio Perrune y Fernando Sirio.

El juez entiende que hay un perjuicio al Estado por más de 247 millones de pesos. Emitieron casi 29 mil comprobantes electrónicos irregulares por más de 1.200 millones de pesos.

A los involucrados les atribuyen haber cometido delitos previstos en la ley 24.769 de delitos tributarios. En particular, encuadró su conducta en el artículo 15, que pena a quien "a sabiendas, dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de delitos".

Ese artículo estipula que "será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena".

En ese sentido, si fueran encontrados culpables y eventualmente condenados, la pena será efectiva. La ley en cuestión establece que "quien formare parte de una organización compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a la comisión de los delitos previstos será penado con entre 3 años y 6 meses a 10 años". En el caso de los jefes el mínimo se eleva a 5.

Subgrupos y usinas

De acuerdo a la imputación de la Justicia Federal, la organización tenía dos subgrupos. Uno compuesto por Serafini, Liporaci y Centeno como organizadores, que hacían trámites bancarios y ante el fisco y emitían la facturación.

En el segundo están Astudillo, Octaviano y Zeballos; uno como coordinador de recursos materiales y humanos, la contadora con asesoramiento profesional y el último como gestor operativo.

La Justicia enumera algunas "usinas", que son empresas "fantasma" creadas con el fin de prestar el servicio. Además de personas físicas, aparecen -entre otras- Bruson SA (construcción de edificios no residenciales), Zarren SA (servicios empresariales), Domach SA (transporte terrestre), Bio Sense SRL (venta de instrumental médico y odontológico), Intermedios y Publicidad SRL, Clementina SRL, Carguen SA, TW Logística y Agropecuaria Don José.

Siguen detenidos

Mientras este jueves en los Tribunales Federales no pocos se preguntaban por la suerte de los más de 6.500 empresarios que se beneficiaron con los servicios –ninguno fue citado aún–, Vera Barros determinó que quienes asistieron al acto de indagatoria permanezcan detenidos hasta tanto se resuelva su situación procesal. Uno de ellos, Astudillo, cumple arresto domiciliario por una cuestión de salud; en tanto, el acto de la contadora se postergó por un pico de presión.

El magistrado tiene ahora diez días hábiles para resolver la situación procesal de cada uno. En ese sentido, es probable que habilite la feria para continuar con las actuaciones.

A la par, tanto Gendarmería como la Afip trabajan sobre el dinero, computadoras, teléfonos, documentos y otros bienes secuestrados durante los procedimientos.