Unas 15 personas en Rosario sufrieron el recorte de su pensión por discapacidad, según publicó el diario El Ciudadano. La novedad se conoció ayer y desde la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) que depende del Ministerio de Desarrollo Social nacional confirmaron las bajas y confiaron en que no cumplen los requisitos exigidos.
El abogado constitucionalista Roberto Sukerman presentará una acción de amparo en los tribunales federales de Rosario para exigirle al gobierno nacional que le devuelva las pensiones a Silvia Settetrombe y Mártires Saravia, entre otros, dos rosarinos con discapacidad a quienes se les suspendió sus beneficios en forma arbitraria, de acuerdo precisó el también pre candidato a concejal justicialista en un comunicado.
“En una audiencia que tuvimos (ayer) en la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación las autoridades nos sugirieron que era muy poco probable que el reclamo de Silvia y Mártires por sus pensiones sea escuchado. Es una situación muy triste. Estamos pidiendo al Estado que no le quite a un grupo de personas muy vulnerables lo que le corresponde por ley. Por ello le vamos a exigir a la Justicia que haga cumplir la Constitución”, explicó.
A su vez, según lo que explicó durante la audiencia, las autoridades locales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se comprometieron a encontrar una solución inmediata para el caso de Myriam Coria, quien presentó un reclamo por la pensión de su hijo Milton, un muchacho de 33 años que sufre de cuadriplejia y el Estado nacional le quitó su pensión por discapacidad.
En tanto que la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, confirmó ayer las bajas en pensiones por invalidez pero advirtió que “tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas”.
“Las bajas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios”, fue la respuesta oficial de Desarrollo Social –que publica hoy el diario Página 12– a través de un comunicado emitido ayer, el cual reconoce que en 2016 dieron de baja 90.000 pensiones.
En lo que va de este año, se eliminaron 5713 pensiones a madres con más de siete hijos y se suspendieron otras 5714, se dieron de baja 19.215 por invalidez y se interrumpieron otras 52.491. El total fueron 83.133 pensiones eliminadas o suspendidas solo por estos dos conceptos. Esto se debe al endurecimiento en las condiciones para al acceso a este derecho para los más vulnerables. En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y el beneficiario del programa se enteró al ir a cobrar la pensión. Desarrollo Social no avisa previamente ni pide precedentes para aclarar la situación patrimonial. A la vez, desmontó los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, lo cual agrava los problemas entre los sectores más desprotegidos.
Entre las causas que aduce la Comisión para retirar la pensión, según las condiciones que establece un decreto del menemismo de 1997, se encuentran temas de patrimonio, como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión. Además, en el decreto se establece que Desarrollo Social debe tener en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar “como así también cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo”. Desde diciembre de 2015 se acumularon en las oficinas de Desarrollo unas 100 mil solicitudes de pensión que aún no tienen respuesta.
