El Congreso de Ecuador suspendió hoy su sesión por falta de quórum, tras la destitución de 57 de los 100 diputados que componen la Cámara, a quienes se responsabiliza de tratar de frenar la consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente.
El presidente del la cámara, Jorge Cevallos, del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), señaló que el Legislativo no ha recibido ninguna notificación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las destituciones de los diputados.
El legislador del PRIAN, cuyos congresistas no fueron cesados, dio por cerrada la sesión, al constatar que sólo estaban presentes 28 diputados.
Cevallos, quien el miércoles dijo que la resolución del TSE "no será acatada", pues no la considera legal, y acusó a la autoridad electoral y al gobierno de "intromisión" en otro poder del Estado, convocó hoy a una nueva sesión para el próximo martes.
Los diputados presentes, la mayoría de la Izquierda Democrática (ID), Red Ética y Democracia (RED), Movimiento Popular Democrático (MPD) y Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), protestaron por la suspensión de la sesión.
Además, acusaron a los grupos de la mayoría de no haber permitido acudir a los diputados alternos de los destituidos.
Mientras tanto, más de 300 policías vigilan desde esta mañana la zona del edificio donde se reúne el Congreso y cerraron algunas calles del área.
Una fuente de la policía confirmó que los agentes tienen las listas de los diputados destituidos por el TSE y las de sus alternos, para permitir el acceso al edificio del Congreso a éstos últimos, pero no a los titulares.
Varias decenas de manifestantes se congregaron hoy frente al edificio del Legislativo para apoyar la destitución de los diputados y la Asamblea Constituyente de plenos poderes.
En tanto, en un hotel de la zona centro de la ciudad se reunieron varios de los diputados destituidos, la mayoría del PRIAN, Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Partido Social Cristiano (PSC).
De esta reunión trascendió que los cesados han remitido escritos a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA), en los que denuncian su situación y advierten que, pese a su destitución, pretenden emitir hoy una nueva "resolución" parlamentaria.
El TSE destituyó y suspendió el miércoles por un año los derechos políticos a 57 diputados, de los cuales 52 votaron el reemplazo del presidente del organismo electoral, Jorge Acosta.
Los cinco legisladores restantes que fueron cesados presentaron el lunes una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria de la consulta popular para una Asamblea Constituyente.
Acosta acusó a los diputados de pretender "desarticular al TSE e impedir la realización de la consulta" y recalcó que "ningún organismo ni persona natural o jurídica puede realizar acción alguna que impida u obstaculice la consulta popular".
El miércoles pasado el Parlamento sustituyó a Acosta por su suplente, Alejandro Cepeda, como representante del PSP ante el Tribunal Supremo Electoral, al considerar que no había cumplido el mandato del bloque político que lo designó.
Acosta dijo hoy que la resolución parlamentaria es inaplicable, ya que los vocales del TSE "no pueden ser removidos", y acusó a los diputados de "conspirar contra el pueblo y la democracia".
El Ejecutivo mostró su respaldo a la resolución del TSE en una declaración leída por el titular de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, quien dijo que el órgano electoral es la máxima autoridad del país en esta materia.
El ministro dijo que la decisión del Congreso de sustituir a Acosta en el TSE es "inconstitucional e ilegal", por lo que el Ejecutivo la rechaza.
Larrea advirtió que "el gobierno respetará la Constitución y la ley y las hará respetar", y que "cumplirá las disposiciones que el máximo organismo electoral, en este momento el Tribunal Supremo Electoral, le disponga a la Policía Nacional".
El presidente del la cámara, Jorge Cevallos, del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), señaló que el Legislativo no ha recibido ninguna notificación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las destituciones de los diputados.
El legislador del PRIAN, cuyos congresistas no fueron cesados, dio por cerrada la sesión, al constatar que sólo estaban presentes 28 diputados.
Cevallos, quien el miércoles dijo que la resolución del TSE "no será acatada", pues no la considera legal, y acusó a la autoridad electoral y al gobierno de "intromisión" en otro poder del Estado, convocó hoy a una nueva sesión para el próximo martes.
Los diputados presentes, la mayoría de la Izquierda Democrática (ID), Red Ética y Democracia (RED), Movimiento Popular Democrático (MPD) y Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), protestaron por la suspensión de la sesión.
Además, acusaron a los grupos de la mayoría de no haber permitido acudir a los diputados alternos de los destituidos.
Mientras tanto, más de 300 policías vigilan desde esta mañana la zona del edificio donde se reúne el Congreso y cerraron algunas calles del área.
Una fuente de la policía confirmó que los agentes tienen las listas de los diputados destituidos por el TSE y las de sus alternos, para permitir el acceso al edificio del Congreso a éstos últimos, pero no a los titulares.
Varias decenas de manifestantes se congregaron hoy frente al edificio del Legislativo para apoyar la destitución de los diputados y la Asamblea Constituyente de plenos poderes.
En tanto, en un hotel de la zona centro de la ciudad se reunieron varios de los diputados destituidos, la mayoría del PRIAN, Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Partido Social Cristiano (PSC).
De esta reunión trascendió que los cesados han remitido escritos a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA), en los que denuncian su situación y advierten que, pese a su destitución, pretenden emitir hoy una nueva "resolución" parlamentaria.
El TSE destituyó y suspendió el miércoles por un año los derechos políticos a 57 diputados, de los cuales 52 votaron el reemplazo del presidente del organismo electoral, Jorge Acosta.
Los cinco legisladores restantes que fueron cesados presentaron el lunes una demanda de inconstitucionalidad contra la convocatoria de la consulta popular para una Asamblea Constituyente.
Acosta acusó a los diputados de pretender "desarticular al TSE e impedir la realización de la consulta" y recalcó que "ningún organismo ni persona natural o jurídica puede realizar acción alguna que impida u obstaculice la consulta popular".
El miércoles pasado el Parlamento sustituyó a Acosta por su suplente, Alejandro Cepeda, como representante del PSP ante el Tribunal Supremo Electoral, al considerar que no había cumplido el mandato del bloque político que lo designó.
Acosta dijo hoy que la resolución parlamentaria es inaplicable, ya que los vocales del TSE "no pueden ser removidos", y acusó a los diputados de "conspirar contra el pueblo y la democracia".
El Ejecutivo mostró su respaldo a la resolución del TSE en una declaración leída por el titular de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, quien dijo que el órgano electoral es la máxima autoridad del país en esta materia.
El ministro dijo que la decisión del Congreso de sustituir a Acosta en el TSE es "inconstitucional e ilegal", por lo que el Ejecutivo la rechaza.
Larrea advirtió que "el gobierno respetará la Constitución y la ley y las hará respetar", y que "cumplirá las disposiciones que el máximo organismo electoral, en este momento el Tribunal Supremo Electoral, le disponga a la Policía Nacional".
