La aprobación de la ordenanza que busca cerrar los supermercados los domingos a partir de julio generó polémica debido al impacto que podría tener en el empleo y en la actividad económica de la ciudad. Desde la Cámara Argentina de Shopping Centers, que nuclea a todos los centros comerciales y por ende a los supermercados que funcionan en sus órbitas, afirman que tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe –donde se trata la normativa–, corren riesgo unos 5.000 puestos de trabajo. Además, consideran que las cadenas afectadas por el alcance de la medida promoverán acciones judiciales. Confían en el "poder de veto" de la intendenta.
En diálogo con Rosario3.com, el gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers, Mario Nirenberg, cuestionó la ordenanza aprobada este jueves en el Concejo Municipal y la ley provincial –entiende que "tienen problemas jurídicos"–. Además, manifestó que la normativa pone en peligro el empleo de 5.000 personas que trabajan en los centros comerciales de Rosario y de la capital provincial.
"La ordenanza también rige en la ciudad de Santa Fe. La estimación de la cámara es que en Rosario y en la capital provincial se puso en riesgo 5.000 puestos porque no hay manera de protegerlos. La gente, que recibe remuneración doble por trabajar los domingos, no quiere el descanso dominical", agregó.
El gerente de la cámara que nuclea a los shoppings advirtió: "Estamos hablando de empleos en blanco, formales, que se van a perder en un contexto donde realmente hace falta empleo. Además, afecta el presupuesto familiar del empleado que dejará de percibir la suma de los domingos".
A su vez, aseguró que los dueños de los supermercados alcanzados por la ordenanza "van a promover acciones judiciales contra la medida".
Nirenberg criticó la ordenanza que aprobaron 21 concejales –el PRO y Martín Rosúa votaron en contra– porque "todo lo que hace al tema laboral está fijado en la ley de Contrato de Trabajo que es nacional". "Sabemos que la apertura y cierre de comercios puede ser materia de legislación local, pero el recupero de francos trabajados y las jornadas laborales es materia nacional. Fue un error abordarla desde la provincia", apuntó.
El empresario confió que la intendenta Mónica Fein "todavía está a tiempo de usar su facultad de veto" de la normativa.
"Desde la Cámara Argentina de Shopping Centers vemos que va a afectar el perfil turístico de Rosario, el cual acompañamos, y el empleo. Nuestra cámara tiene 80.000 personas empleadas en forma directa, de los cuales 5.000 serán perjudicados", concluyó.
