Comenzaron a registrarse las primeras repercusiones tras el anuncio del gobierno nacional sobre los controles migratorios que buscan restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales. Pero el desencadenante de la polémica no fue la medida en sí, sino las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien vinculó directamente a los inmigrantes latinoamericanos con el narcotráfico y aseguró que el 33 por ciento de los presos por narcotráfico son extranjeros.
“Acá vienen ciudadanos paraguayos o ciudadanos peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”, sostuvo la ministra para justificar la reforma migratoria que prepara el Gobierno.
El Gobierno boliviano respondió a través de sus funcionarios, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien en rueda de prensa, según cita la agencia EFE, expresó: "Debemos rechazar esta suerte de estigmatización contra nuestros compatriotas bolivianos que coincide con el discurso Trump, que es un discurso xenofóbico, en apariencia exacerbador de sentimientos patrioteros".
Bulrrich sostuvo que el objetivo de su gestión es reducir "la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico" y precisó que a Argentina llegan "peruanos y paraguayos que se terminan matando por el control de la droga".
En ese sentido, añadió que su ministerio trabaja para mejorar los controles migratorios en la triple frontera de la provincia de Misiones, donde coinciden los límites de Paraguay, Uruguay y Argentina, o La Quiaca, en la provincia de Jujuy, que separa el país de Bolivia.
Al respecto, el ministro Romero dijo que las apreciaciones de Bullrich fueron "desafortunadas" y aseguró que la Cancillería boliviana convocó al embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, para "pedirle una explicación".
"Cuando se hace una afirmación –y mucho más cuando puede afectar al sentimiento de ciudadanos extranjeros– lo importante sería respaldarlo con datos oficiales, estadísticas, casos, referencias que pudieran objetivar estas afirmaciones que las consideramos graves", afirmó el ministro boliviano.
Por otra parte, reafirmó la "voluntad de trabajo conjunto", entre los gobiernos de Bolivia y Argentina. "Podemos tener diferencias políticas e ideológicas, pero en materia de lucha contra la criminalidad no hay diferencia que valga", afirmó el funcionario boliviano.
