Un proyecto de ley determina la prohibición del uso de referencias personales, de partidos o agrupaciones políticas en los bienes públicos. Se trata de la ley “antiploteo” presentada por el diputado provincial Joaquín Blanco en referencia a los casos que trascendieron en los que funcionarios hicieron estampar sus nombres en camionetas del Estado a modo de propaganda.

En los últimos meses se conocieron algunos casos de funcionarios municipales que usaron vehículos oficiales para promover sus nombres y cargos en Santa Fe: Camilo Busquets (PJ – FPV) de Ceres, Enrique Marucci (Unión Vecinal) de San Jorge, Fernando Almada (PJ – FPV) de El Trébol, Javier Menotti (Vecinalismo) de Santa Teresa y José Luis Leguina (PJ) de Hugues.

En Buenos Aires, trascendió el caso de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, las ambulancias del SAME de José C. Paz que llevan estampado el nombre del jefe comunal Mario Ishii, el del intendente de Moreno, Walter Festa, cuyo nombre quedó grabado en los patrulleros comprados por su administración y el de Jorge Macri en Vicente López, en el marco de una campaña de zoonosis en la Costa Atlántica y varias comunas del gran Buenos Aires.

En este marco, donde el tema de los “ploteados” adquirió relevancia nacional –se estima que un centenar de gestiones municipales han utilizado este tipo de publicidad indebida, en más de 16 provincias– el diputado Joaquín Blanco propuso que se impida la utilización de nombres y apellidos, apodos o referencias personales de funcionarios, agrupaciones o partidos políticos en vehículos oficiales, maquinarias, carteles de obra y edificios públicos.

“El objetivo de esta ley es que quienes ejercen cargos públicos, no se aprovechen de los bienes del Estado para publicitar sus propios nombres o imagen”, señaló el diputado socialista. “Queremos profundizar el camino de transparencia y ética pública trazado en Santa Fe, y que la destaca en el contexto nacional, por ejemplo siendo pionera en la implementación del sistema electoral de Boleta Única. En ese sentido, será un paso más avanzar con una legislación que sancione y despeje cualquier situación en la que un funcionario pueda buscar beneficios electorales con el mal uso de los bienes públicos”, sostuvo Blanco.

“Queremos que quede explícitamente prohibida la utilización de los bienes del Estado, pagados con dinero de todos los contribuyentes, en la rotulación publicitaria de nombres propios en carteles de obra pública o vehículos, como ambulancias, camiones de agua o unidades de traslado de personas”, añadió el diputado.

El proyecto, propone modificar el artículo 2 de la Ley 13230 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, e incluir un nuevo inciso en el que se destaque: “No exhibir ni utilizar nombres y apellidos, apodos o referencias personales de funcionarios que posean cargos electivos, agrupaciones o partidos políticos en vehículos oficiales, maquinarias y carteles de obra y edificios públicos, que representen cualquier forma de publicidad política”.

En el caso de que no se cumpla con la ley, las sanciones son las que determina la Ley de Ética Pública, además de las previstas por el Código Penal. “En aquellos casos en los cuales actualmente haya indicios de publicidad política en bienes públicos, se le dará un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la modificación a la ley para que se adecuen”, explicó Blanco.