La impunidad, a diferencia de la justicia, se esconde. No da la cara con una sentencia presentada en público por un tribunal, como aquel 15 de abril de 2010 cuando se conoció la primera por delitos de lesa humanidad en Rosario con cinco prisiones perpetuas de la causa Guerrieri 1. La impunidad es ausencia de eso. No hay una reunión de las partes, ni el aguante de la calle, ni la lectura del fallo que se sigue con aplausos, o con bronca, o con abrazos y llantos que demoraron 30 años en llegar. ¿Se puede medir la impunidad? En la ciudad, no había hasta este sábado ningún pedido de libertad por el beneficio del 2x1 de los más de 40 represores condenados en ocho juicios realizados por el Tribunal Federal local. Un tercio de ellos o más de la mitad, según la estimación, podría pedirlo desde la semana que viene.
A partir de ese momento, el fiscal local de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos, Adolfo Villate, tendrá 24 horas para responder a esos pedidos de libertad de secuestradores, torturadores, violadores, ladrones de bebé y asesinos. “Sin dudas que vamos a rechazarlos”, anticipó en diálogo con Rosario3.com. Después quedará en manos de los jueces locales mantener su negativa a adelantar la libertad de los terroristas de Estado o cambiar de postura, bajo el nuevo mensaje que envió el máximo tribunal de justicia nacional el miércoles que pasó. Será un reflejo de lo que ya empezó a ocurrir en Buenos Aires.
“Vamos a analizar los argumentos. Seguramente tomaremos los planteos de nulidad que ya han hecho fiscales desde la Procuradoría y buscaremos nuevos argumentos contra el fallo mayoritario de la Corte”, agregó Villate.
De los 44 condenados en ocho juicios (la cantidad de sentencias son más pero hay acusados que se repiten) bajo la jurisdicción de los tribunales con sede en bulevar Oroño 940, 17 recibieron al menos una cadena perpetua. Uno de ellos, el teniente coronel retirado Juan Daniel Amelong, sería uno de los primeros en recurrir al beneficio porque ya lo pidió en el pasado.
En ese caso, el represor demandaría que la perpetua se calcule sobre una pena de 20 años (que corresponde al momento de producirse los crímenes y no sobre los 35 años actuales) y entonces las salidas transitorias serían posibles a partir de los 15 años de prisión, explicó Villate. La probable estrategia de Amelong sería reclamar ese primer beneficio –el de las salidas- al que llegaría por el cómputo doble de los años que estuvo bajo arresto preventivo sin sentencia.
Sin embargo, Amelong tiene una segunda condena a 10 años de prisión por el juicio Guerrieri 2 (de 2014) y afronta otro pedido de cadena perpetua por Guerrieri 3, juicio que se tramita en la actualidad en los tribunales locales. Las penas no se pueden sumar de forma matemática y por eso cada caso exigirá un análisis y una respuesta distinta de la Fiscalía y de los jueces. Ver nómina completa.
A nivel nacional, la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos calculó que 278 condenados detenidos se encontrarían en condiciones de pedir la libertad en función del fallo de la Corte. En el país son mil los arrestados, aunque sólo la mitad está en cárceles, según la agencia Paco Urondo, que además difundió un listado de los posibles favorecidos.
Un retroceso
Más allá del debate jurídico y técnico, la sola discusión de la libertad de los represores condenados ya es un retroceso para los abogados de lesa humanidad y para toda la sociedad. “Es aberrante, un paso atrás en materia de derechos humanos y con respecto a los fallos que venía pronunciando la Corte. Es una amnistía encubierta, incompatible con el sistema interamericano de derechos humanos al cual nosotros suscribimos que implican ningún tipo de impunidad para estos delitos”, aseguró Nadia Schujman, querellante de los juicios de lesa humanidad.
Cuando el 2x1 estuvo vigente no se podían juzgar los delitos de lesa humanidad, por lo cual no se podía prever una excepción en esa ley"
“Es una forma de impunidad porque es una reducción considerable de la pena con una interpretación absolutamente forzada e ilegal, porque es una ley (la del 2x1) que se dictó específicamente para un problema de política criminal, porque había cárceles y comisarías que estaban saturadas de presos con prisiones preventivas, y con una vigencia temporal corta (de 1994-2001)”, agregó la abogada a este medio.
Schujman rebatió además el argumento de la mayoría de la Corte (el fallo fue 3 a 2) de que si el legislador al redactar la norma del 2x1 no previó un régimen diferenciado que excluyera los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez. “Es absurdo forzar ese principio y aplicarlo a gente que ya gozó de 30 años de impunidad. Cuando esa ley estuvo vigente no se podían juzgar los delitos de lesa humanidad por lo cual no se podía prever en la ley una excepción. ¿Cómo lo iba a prever si estaban vigentes las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final) y no los podíamos juzgar?", dijo.
El paso atrás se constató en la agenda de los medios de comunicación. Esta semana, una de las víctimas de Luis Muiño, el civil del grupo de tareas del hospital Posadas de Buenos Aires beneficiado por el fallo de la Corte, debió contar una, dos, tres veces cómo ese hombre la torturó. Tuvo que volver a enunciar esos detalles escabrosos, que de alguna manera es volver a sufrirlos. Quedó condenada a hacerlo. Como los abogados que volvieron a explicar que los delitos de lesa humanidad son distintos de los comunes: no prescriben, no se amnistían. Porque todo un Estado sustentó un plan sistemático, un genocidio: el horror de no tener a dónde recurrir.
“Han reeditado discusiones que pensábamos totalmente saldadas. La verdad es que nunca me planteé este escenario y volver a estas cuestiones. Habrá que darles pelea”, respondió Schujman.
Reconciliación “abstracta”
Juane Basso, referente de Hijos Rosario y periodista, dijo en el programa Hoy es siempre todavía (Radio 2) del periodista Jesús Emiliano que el fallo de la Corte "es una puerta para que se metan un montón de represores a esquivar la condena".
¿Entre quiénes sería la reconciliación, entre Astiz y Rodolfo Walsh? Es imposible"
Además, analizó el llamado a la “reconciliación” que hizo la Iglesia y trazó una comparación demoledora. “Es una abstracción, ¿entre quiénes sería, entre Astiz y Rodolfo Walsh? Es imposible pero no por razones ideológicas, sino porque Astiz está vivo y de Rodolfo Walsh no sabemos ni dónde están sus restos. ¿Entre los apropiadores y los chicos que no saben cuál es su identidad y hoy son adultos?”, dijo y sentenció: “Es una excusa para avanzar en la impunidad”.
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