El juez federal Claudio Bonadio procesó este jueves a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU).

Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, responsables políticos del programa.

Los procesamientos de este jueves fueron dirigidos a intendentes y ex intendentes de ciudades y localidades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.

En la lista de Bonadio aparecen jefes comunales de la región, según información que este jueves difundió Radio 2.

Entre los intendentes o ex intendentes santafesinos procesados figuran Jose Luis Freyre de Venado Tuerto, Juan Carlos Bacalini de Casilda, Roberto Deheza de Rufino, Fernando Almada de El Trébol , Guillermo Cornaglia de Bouquet, Monica Stumpo de Serodino, Héctor Godoy y José López de Pavón.

La causa

Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

"Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado", sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.

"Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos", sostuvo el juez.

"Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado", remarcó.

El magistrado agregó que tampoco pudieron "explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones".

Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos –entre 2013 y 2015– de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En esta causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y sostuvo que "quienes ostentaban el control de los PMGIRSU incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines".

En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregularidad del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.

Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.