La explosión que el lunes pasado derrumbó el laboratorio Apolo de Alem al 2900 generó este jueves un intenso cruce de opiniones en la sesión del Concejo. Además de los nueve expedientes presentados y aprobados sobre el tema –la mayoría, pedidos de informes–, se denunció en el recinto que el laboratorio tuvo desde 2004 al momento de la explosión seis clausuras, cinco de las cuales fueron violadas.
La última fue el 9 de diciembre de 2015, según sostuvo el concejal Jorge Boasso, quien sugirió que debería crearse una comisión investigadora para saber qué ocurrió en el predio. “El laboratorio no debió estar funcionando el día de la explosión”, cuestionó el edil. También se sancionó un pedido para conocer si el lugar contaba con autorización nacional para producir medicamentos con efedrina u otros precursores químicos.
El debate
Los concejales reeditaron este jueves el debate que en la semana se registró en los medios de comunicación sobre la habilitación de Apolo, pero esta vez con nuevos datos y otras precisiones.
La edila socialista Verónica Irízar mantuvo una discusión técnica con la opositora María Fernanda Gigliani e intercambiaron interpretaciones sobre las ordenanzas vigentes para la instalación de industrias y depósitos en el ejido urbano.
Luego Boasso presentó los datos de las seis clausuras del laboratorio realizadas entre el año 2004 y el momento de la explosión con el detalle de las fechas, el nombre de los inspectores y los motivos de la actuación.
Sostuvo que el último caso fue el 9 de diciembre de 2015 a las 11.15 de la mañana por “falta de habilitación” y criticó que el municipio no haya presentado denuncias judiciales por la violaciones reiteradas de las clausuras. “¿Si esto no es negligencia del municipio, qué es?”, expresó el concejal y denunció “connivencia”.
Irízar y su compañero de bancada Horacio Ghirardi respondieron fuerte a Boasso. La edila lo acusó de “montar un show” y “hacer política con una tragedia”.
La ex secretaria municipal aseguró también que el laboratorio no fue clausurado en diciembre pasado. "Fue un trámite administrativo para anunciar que se clausuraría si no presentaba los papeles que tuvieran que ver con la seguridad y la empresa aportó los papeles. No estamos hablando de una empresa clausurada sino de una empresa que está en renovación de su habilitación", indicó.
“Todavía no tenemos las pericias para saber qué pasó y ya se quiere culpar al municipio”, le dijo la socialista a Boasso. Además pidió que “si cree que hay connivencia que lo denuncie porque si no incurriría en incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Se anticipa la culpabilidad del municipio cuando no ha habido todavía una sola pericia, cuando no se sabe si hubo falla humana, técnica, fatiga de materiales o falta de control. Y si hubo falta de control y hay que sancionar, se va a sancionar como se lo hizo siempre en esta gestión”, sostuvo Ghirardi.
La concejala Gigliani se quejó de los argumentos del oficialismo para defender la habilitación del laboratorio Apolo y sostuvo que con esa posición "seguro van a permitir la reconstrucción en el mismo lugar" a pesar de las quejas de los vecinos. "Eso seguro no va a pasar", le contestaron desde el socialismo.
Por otra parte, Boasso cuestionó que el fiscal Walter Jurado, quien tiene a su cargo las investigaciones por la explosión, no haya puesto fajas de clausura y personal de seguridad en el predio de la explosión y en la administración que está en la esquina.
Manifestó que este miércoles a la noche fueron "personas” al lugar sin que se conozcan los motivos o intenciones. “Con el fiscal también vamos a tener que hablar”, manifestó.
Después del debate, los concejales aprobaron pedidos de informe al Ejecutivo municipal para conocer detalles de la habilitación del laboratorio Apolo y una solicitud a la Anmat para saber si tenía autorización para producir medicamentos con efedrina y otros precursores químicos.
También se sancionó una declaración de “preocupación por las denuncias de hostigamiento e intimidación que expresaron los vecinos del laboratorio” en una reunión que mantuvieron con ediles y una exención del pago de TGI para los afectados por la explosión del laboratorio.
Otros temas
Se aprobó este jueves en el Concejo la declaración de ciudadano ilustre de Rosario a Lionel Messi por “sus destacados logros deportivos” y “su serio compromiso por la defensa del bienestar y los intereses de la comunidad”.
Por otra parte, se sancionó un pedido para que la Municipalidad “proceda a diseñar y difundir una campaña publicitaria de prevención y concientización acerca de los riesgos que implica la utilización del teléfono móvil, tanto para peatones como para conductores de rodados de todo tipo”.
Por iniciativa del radical Sebastián Chale, se aprobó un proyecto para que las estaciones de bicis públicas cuenten con infladores de cubiertas anclados a las mismas.
“Si bien el sistema recibe un servicio diario de mantenimiento para reparar pinchaduras o cualquier otro hecho que pudiera afectar la circulación, será beneficioso tanto para los usuarios como para el resto de los ciclistas, la provisión en cada estación de «Mi bici, tu bici», de infladores de cubiertas de uso público”, argumentó Chale.
Finalmente, tal como anticipó Rosario3.com, el pedido de algunos concejales de la oposición para suspender la adhesión de Rosario a la ley de descanso dominical en grandes supermercados no prosperó en el Concejo.
El proyecto presentado por ediles del PRO y el radical Martín Rosúa no consiguió la cantidad de voluntades para que pueda ser tratado, sin pasar antes por comisiones.
