Desde la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor informaron que recibieron “numerosas denuncias” en los últimos meses de personas que afirman haber sido engañadas por una empresa. Según las presentaciones judiciales, las maniobras estuvieron dirigidas a personas que cobran pensiones o asignaciones sociales, a quienes vendió un servicio a base de contratos con "cláusulas abusivas".
A través de un comunicado, el organismo público manifestó que la empresa tiene como nombre de fantasía Social Card. De acuerdo a las denuncias, la firma aduce que presta una ayuda social, crea confusión en el potencial cliente y establece un sistema fácil de contratar pero “prácticamente imposible de lograr la baja del servicio”. Añadió que, por lo general, la metodología de cobro es a través de un sistema de adhesión a un débito automático en las cuentas donde se perciben las pensiones sociales y asignaciones.
La firma Social Card ya cuenta con denuncias en su contra por estafa en Mar del Plata y Salta, afirmó el documento, al tiempo que agregó que la modalidad comercial se realiza en las zonas de aquellos bancos donde la persona cobra la pensión o asignación social. “Allí, valiéndose de diferentes acciones y manipulaciones, induciendo al consumidor a contratar el servicio mediante pago por débito automático. En otros casos, se presentan personalmente en la casa de los posibles clientes cobrando directamente las cuotas en efectivo”, expresaron.
La titular de la Oficina del Consumidor, María Julia Bonifacio, remarcó que se trata de un contrato de adhesión redactado por la propia empresa donde se advierten diversas cláusulas abusivas, pasibles de ser declaradas nulas ya que colocan al consumidor en situación de desprotección absoluta. Una de las condiciones impide al cliente la facultad de rescindir el contrato durante seis meses, caso contrario deberá abonar las seis cuotas, por tratarse de lo que llaman: “un tiempo mínimo de vigencia”.
"Otra cláusula abusiva que desvirtúa los derechos del consumidor es que establece la posibilidad de modificar las condiciones contractuales, sin notificar ni solicitar el consentimiento del cliente, y además se faculta a la empresa a transferir la cartera de clientes a otra entidad. También se genera de forma automática la prórroga del contrato, salvo que el usuario informe su voluntad en contrario, para lo cual debe realizarlo con 60 días de anticipación y con la única posibilidad de rescindirlo una vez transcurridos los seis meses mencionados con anterioridad", concluyó Bonifacio.
“Por ello, desde la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario queremos alertar sobre esta práctica abusiva a los ciudadanos y alentar a todos aquellos que se consideren damnificados por esta empresa, a que se acerquen a nuestra entidad para hacer la denuncia correspondiente”, finalizó la titular del organismo público.
