A pesar que la Justicia ordenó la cobertura de su tratamiento y que incluso la Nación se hará cargo de una parte, Facundo sigue esperando que su obra social se movilice con los trámites necesarios y empezar así a frenar el avance de su enfermedad degenerativa. Este jueves se venció el plazo legal y aún no hay respuestas de la prestadora.

Facundo Cabada tiene 4 años y padece una atrofia muscular espinal (AME) de tipo 2 que paulatinamente le debilita determinadas partes del cuerpo, por lo que se moviliza en una silla de ruedas motorizada. Dos semanas atrás, Rosario3.com reflejó su caso en medio de un desesperado pedido de la familia. Desde entonces fueron pocos los avances.

“Ya se venció el plazo judicial que tenía Osfatun (por la Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales) para la importación de la droga y no lo ha iniciado todavía”, señaló Gabriela, madre de Facundo.

Dijo que, ante este incumplimiento, “es muy probable que se solicite una multa diaria para la obra social, hasta, finalmente, el embargo de cuentas”.

El costoso tratamiento demandado consiste en la aplicación –cuatro veces por año– de Spinraza, un novedoso fármaco biológico que comenzó a fabricarse en Estados Unidos y que sirve para detener la progresión de la AME, afección que si no se combate ofrece bajas expectativas de vida.

Según detalló Gabriela a este diario digital, se llegó a un acuerdo entre el laboratorio fabricante y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación para reducir en un 20 por ciento el costo del producto para todos los casos de atrofia en la Argentina. El descuento no es poco, si se tiene en cuenta que, de lista, “cada aplicación cuesta 125 mil dólares y son de por vida”.

Y además, en el caso de Facundo, el organismo oficial “se comprometió a cubrir un alto porcentaje” a través de un reintegro a la obra social, que “ya no tiene excusas pero sigue sin empezar la gestión, sigue tirando de la cuerda hasta lo último”.

La mujer recordó que Osfatun ya argumentó, en un principio, no tener la solvencia suficiente para costear la cobertura y por eso es clave la intervención del Estado.

Los Cabada viven en Paraná –el fallo que los favorece es de la Justicia entrerriana–, tienen también una hija de 10 años y otros familiares en Rosario. De hecho, Facundo fue diagnosticado por neurólogos de la ciudad, en 2014, antes de ser derivado al hospital Garrahan de Buenos Aires, donde asiste regularmente.

Para sumar adhesiones en su lucha por el tratamiento, la familia también publicó el reclamo en la plataforma de peticiones Change.org, donde ya reúne miles de firmas.