Con contrato rescindido pero con permiso para cobrar. Finalmente, el Poder Ejecutivo a través del ministerio de Infraestructura y Transporte firmó con Arssa –la concesionaria de la autopista a Santa Fe– la extinción de la concesión que se vencía recién en 2020 pero que se anticipó por incumplimientos de obras de parte de la empresa. Sin embargo, la Casa Gris habilitó a Arssa a continuar con el mantenimiento de la traza –que incluye el cobro de peaje– por seis o 12 meses más.
Según informaron desde el ministerio de Infraestructura, el convenio de extinción se firmó por mutuo acuerdo el viernes pasado pero deja a cargo de Arssa el mantenimiento de la autopista hasta que se licite otra firma. Mientras tanto, la provincia prepara los trabajos de repavimentación de la traza que debería haber hecho Arssa.
Por el sistema de costes y costas, la empresa se quedará con lo recaudado en peaje para el pago de sueldos y demás gastos administrativos, y en caso de que registre un superávit lo trasladará a la provincia. Sin embargo –y aquí aparece un punto que promete polémica– si la recaudación no alcanza para estos gastos, será la Provincia la que se haga cargo de cubrir la diferencia.
Por otro lado, Arssa está compuesta por varias empresas, ninguna de las cuales fue penalizada por no haber cumplido con el contrato. Como única sanción se estipuló la rescisión anticipada del acuerdo.
Para el gobernador Miguel Lifshitz –consultado por la periodista Ivana Fux de Radio 2– fue “la crónica de una muerte anunciada”.
La finalización anticipada del contrato se concreta luego de recibir auditorías de las facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario que determinaron que Arssa no cumplió con las obras que se había comprometido a hacer.
