El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, aseguró este miércoles que el gobierno provincial abrió una investigación para determinar si hubo irregularidades al aplicar vacunas en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y comparó la situación con lo ocurrido en Reconquista, donde el centro de salud cuestionado fue intervenido.
"Ni bien ingresó la denuncia, se inció la investigación administrativa y penal, como ocurrió en un efector del norte provincial que terminó con la intervención y la denuncia penal que sigue en curso", dijo Prieto.
El funcionario se refirió así al escándalo en el hospital de Reconquista por la vacunación irregular de familiares de consejeros de esa institución, que también se conoció por una denuncia interna.
En este caso, fue el jefe interino de Enfermería del Eva Perón, Ariel Pérez, quien hizo públicas las acusaciones por una suerte de "vacunatorio VIP" contra el coronavirus durante la primera etapa de vacunación, cuando las dosis estaban reservadas únicamente al personal de salud de primera línea. Dijo que políticos, funcionarios y sindicalistas recibieron no una, sino dos dosis.
El caso llegó a la Legislatura santafesina, donde el diputado provincial Carlos Del Frade presentó un pedido de informe. Y el propio gobierno provincial inició una investigación administrativa interna y presentó la denuncia penal.
Si bien Pérez, el denunciante, dijo que las vacunas se aplicaron entre enero y febrero, cuando sólo debían ser alcanzados trabajadores de salud de la primera línea, el secretario de Salud provincial dijo que faltaba precisar el momento en el que las dosis fueron aplicadas.
"La denuncia es reciente, tenemos que ver la documentación, que no podemos revelar porque hay secreto sumarial, y si fue una vacunación en este tiempo o fue previo a los trabajadores esenciales", señaló Prieto.
El funcionario de Salud provincia amplió: "Si las vacunas fueron aplicadas, hay un registro así que se buscará la trazabilidad y las pruebas necesarias como se ha hecho en otros efectores, en Reconquista, donde una vez que se hicieron las actuaciones sumariales, el fiscal de Estado determinó la intervención. Las consecuencias penales son paralelas a lo administrativo".
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