Los niveles de pobreza que evidencian las estadísticas del Indec (41,8% en el Gran Rosario) se reflejan en problemas concretos en el territorio: tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe la toma de terrenos fue noticia en las últimas horas. Y, detrás del delito que implica esa acción, están los testimonios que dan cuenta de una necesidad básica insatisfecha: una vivienda.
“Tengo hijos chiquitos. Algunos alquilábamos pero la plata no alcanza y tenemos que salir para comer. Con los 10 mil pesos que nos da el gobierno (por el IFE), que lo agradecemos, pero ¿qué hacemos? Hace seis meses que estoy sin laburo, están todas las obras paradas”, contó uno de los hombres que ocupó un predio privado detrás de Mendoza y Wilde, en el barrio tango de Rosario.
“Venimos a acceder a un pedacito de terreno cada uno. Hacemos un esfuerzo entre todas las familias que estamos acá para quedarnos y tener un lugar”, agregó ante las cámaras de El Tres (De 12 a 14) que recorrieron la toma. Se trata de 80 familias que armaron sus casillas en los últimos 15 días en unas seis manzanas.
Otro de los voceros del grupo dijo que la idea es buscar una solución junto al Estado y acceder a un crédito para una vivienda, por ejemplo. “Está a simple vista la necesidad. Esto no está armado ni nada, acá no hay nada raro. Somos gente laburante pero la necesidad te lleva a esto, acá hay albañiles y changarines”, agregó.
Las personas dijeron ser vecinos o familias de la zona. Afirmaron que en ese terreno ocupado de forma ilegal había un basural que ellos limpiaron. Señalaron que les habían prometido realizar un parque o unos playones pero nunca se hizo nada. Incluso, dijo una mujer, el lugar era usado "por bandas que escondían motos y autos y la gente corría riesgo".
En general, plantearon, se quedaron sin trabajo o changas por la pandemia de coronavirus y que, mediante la usurpación, piden acceder a una vivienda o facilidades para la compra de terrenos o materiales. Eso mismo ocurrió en la ciudad de Santa Fe con una toma que empezó con 200 familias en febrero y este jueves fue liberada después de meses de negociación con el gobierno provincial.
Desde el lugar, el móvil de El Tres retrató testimonios similares. “En un raro desarmo el rancho”, confió uno de los primeros ocupantes, Raúl, quien dijo que “por ahí tengo trabajo y por ahí no”. Iliana relató que se tuvo que ir de su casa porque “tenía problemas de violencia de género pero no me quedaba otra”. Le dieron materiales para construir una vivienda y aceptó retirarse.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, destacaron que la toma empezó con 200 familias y este jueves sólo quedaban 15 ó 20. Señalaron que se avanzó con programas de “contención para cada familia” y que el operativo de desalojo iniciado a las 6 con apoyo de fuerzas policiales fue con "tranquilidad y respeto" y "muy exitoso".
Concejal de Juntos por el Campio pide desalojo y ser "inflexibles"
El concejal de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo presentó un proyecto de comunicación donde solicita que “desde la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Segunda Circunscripción, se ordene el desalojo de los terrenos tomados en el predio delimitado por las calles Benteveo, Magaldi, Lencina y el límite norte del campo de deportes del Colegio Cristo Rey y se restituya la plena propiedad del predio a sus propietarios, quienes lo están reclamando como corresponde en sede judicial, registral, policial y municipal”.
El edil de Juntos por el Cambio, del mismo modo, pide que “con extrema urgencia, la URII de la Policía de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Santa Fe, disponga una custodia permanente del terreno" a los efectos de que no avance el “loteo” del predio tomado y se cumpla "con la protección de la propiedad privada como lo ordenan la Constitución Nacional y las leyes vigentes en la República Argentina”.
“Desde el Estado debemos sostener el derecho a la propiedad privada y ser inflexibles con quienes organizan este tipo de tomas con la modalidad de “loteos” y que no tienen nada que ver con la acción de un grupo familiar que decide esta modalidad ante una emergencia habitacional (lo que no los exime de responsabilidades pero representa una acción de otro tipo). En todos los casos abogamos por que los procesos de desalojo se den en el marco del consenso y en paz, pero que son estrictamente necesarios para que estas acciones no empiecen a repetirse en el ejido urbano de la ciudad de Rosario”, agregó Cardozo.
