Un informe socioeconómico de la Encuesta Nacional Inquilina sobre el último trimestre del año reveló que uno de cada cuatro inquilinos tuvo que rescindir el contrato por no poder pagar el alquiler, un número que aumentó en relación a junio pasado. Además, el relevamiento indica que la mayoría destina casi la mitad de sus ingresos a sostener solo el lugar donde vivir y las expensas, sin tener en cuenta los impuestos y servicios. 

El 26,7% de los encuestados afirmó que tuvo que mudarse por no poder afrontar la carga del alquiler. De estos inquilinos que han tenido que mudarse, la gran mayoría (un 62,0%) firmó contrato durante 2024, es decir después de la puesta en vigencia del DNU 70/2023 que promovió el Poder Ejecutivo Nacional, que derogó la ley de alquileres. 

De este universo el 92% tiene condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres. En el mes de junio esta situación representaba el 15%. De hecho, solo el 14,8% está bajo las condiciones de la normativa que fue derogada: plazo de 3 años y actualización anual por el Índice de Contratos de Locación. 

Promedio del valor del alquiler en la provincia de Santa Fe, antes y después de la ley que fue derogada.

Otro de los datos de la encuesta puso de manifiesto lo que les cuesta a los inquilinos poder afrontar un alquiler. En septiembre de 2024, el 44,5% de los ingresos totales del hogar se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia asciende al 49,8%.

Inclusive el 88,9% de los inquilinos encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses. 

La encuesta aseveró que la edad promedio de emancipación se encuentra entre los 26 y 30 años, puesto que las condiciones laborales de ese rango etario y las exigencias del mercado inmobiliario, tales como recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler, antigüedad laboral, y garantía propietaria, es la primera barrera de acceso.

“La realidad de los inquilinos es cada vez más difícil. Los resultados del informe de septiembre son preocupantes y muestran como principal problema la dificultad creciente para sostener el pago del alquiler”, expresó Sebastián Artola, referente de la Federación de Inquilinos Nacional y responsable de Inquilinos Agrupados Rosario.

“Desde el DNU 70/2023 nos encontramos con contratos que tienen aumentos cada tres meses, por encima de la inflación y por un plazo de dos años. Si a esto le sumamos los gastos de ingreso (comisión inmobiliaria, sellado, depósito) y los aumentos en los servicios e impuestos, el combo es fatal” , agregó.

Endeudados

En el informe de enero, el 53,1% de los encuestados respondía que poseía deudas de algún tipo, en junio había ascendido al 62%, y ahora en septiembre continúa con aumento alcanzando ya al 64,6% de los inquilinos.

Es decir, al mismo tiempo que se destina una mayor proporción de los ingresos a pagar el alquiler, la cantidad de inquilinos que están endeudados también es mayor. Dos de cada tres inquilinos tiene algún tipo de deuda.

Cuando se indaga por los destinos de la deuda, los mismos están protagonizados por el pago de tarjetas de crédito y de alimentos. La opción de endeudarse para pagar el alquiler aparece con mayor frecuencia en aquellos casos en los que se seleccionaron múltiples gastos cubiertos por nuevo endeudamiento, tal como se observaba en las encuestas de enero, marzo y junio.

Ley de alquileres vs. DNU 70/2023

El relevamiento indicó que los contratos iniciados bajo el DNU 70/2023 pagan hasta un 35% más que aquellos que comenzaron previo a la desregulación del mercado inmobiliario, a tal punto que en Santa Fe alcanza hasta una diferencia del 40%.

En ese contexto sólo el 7,2% de los contratos firmados ostenta un plazo de locación de tres años, ya que abundan aquellos vínculos contractuales con un período de duración menor o igual a un año (el 17,1%) y los contratos entre 1 y 2 años (un 59,9%).

Eso conlleva, además, a que siete de cada 10 inquilinos que firmaron sus contratos luego del DNU tienen aumentos mensuales, trimestrales o cuatrimestrales, y que el 94,8% tiene actualizaciones en el precio del alquiler en plazos iguales o menores a seis meses.