Uno de cada cuatro inquilinos tuvo que mudarse en los últimos tres meses por no poder pagar el precio del alquiler, situación que los dejó además en la búsqueda de una nueva vivienda en un contexto en el que las condiciones de los contratos resultan excluyentes para gran parte de la población.
La información se desprende de la Encuesta Nacional Inquilina de septiembre de 2024, publicada por la organización Inquilinos Agrupados y elaborada en conjunto con Ni Una Menos con datos de septiembre de 2024.
Habiendo recolectado más de 2.500 respuestas de inquilinos de todo el país, quienes hicieron la encuesta buscaron "conocer en qué situación económica y de vivienda se encuentran los inquilinos a nueve meses de la eliminación de la ley de alquileres a través del Decreto 70/2023".
El documento destaca los "fuertes aumentos en el valor del alquiler, con plazos más reducidos, actualizaciones mensuales o trimestrales y mecanismos de ajuste que no contemplan los aumentos de salario", condiciones que se convirtieron en la norma tras la entrada en vigencia del decreto firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado.
Esto configuró un panorama en el que "muchos inquilinos se endeudan para poder hacer frente a los gastos básicos vinculados a la vivienda", sostiene el informe.
Con respecto a la necesidad de buscar una nueva vivienda ante la imposibilidad de seguir pagando un alquiler, apuntaron: "El 26,7% de los encuestados (1 de cada 4 inquilinos) indicó que tuvo que mudarse en los últimos 3 meses por no poder afrontar el precio del alquiler".
A su vez, "el 92% tiene condiciones contractuales por fuera de la ley de alquileres", es decir que sus contratos no establecen ni un plazo de 3 años de duración ni tampoco actualizaciones anuales del alquiler según el Índice de Contratos de Locación (ICL). En comparación, un 15% de los encuestados declararon estar en esta misma situación en junio, cifra considerablemente menor.
Esto también contribuyó para que la edad promedio de emancipación se encuentre entre los 26 y 30 años. Las exigencias por parte de las inmobiliarias representan, además, condiciones difíciles de cumplir para muchos inquilinos a los que se les piden recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler o antigüedad laboral.
En el mes de septiembre, añade el relevamiento, el 44,5% de los ingresos de los encuestados estuvieron destinados al pago del alquiler y las expensas, sin considerar impuestos ni tarifas de servicios. En el caso de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del Decreto 70/2023, esa incidencia asciende hasta un 49,8%.
Por otro lado, para 7 de cada 10 inquilinos que firmaron contratos desde entonces los aumentos se aplican mensualmente o cada 3 o 4 meses. Con respecto a junio, los valores de los alquileres ascendieron entre un 30% y un 48%.
Con respecto a los plazos de los contratos, "aquellos con un período de duración menor o igual a 1 año representan el 17,1% de los casos", mientras que los contratos de entre 1 y 2 años son ahora los más frecuentes (59,9% de los casos relevados).
También destaca el dato de que "el 42,2% de los inquilinos encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses y el 46,7% respondió que tal vez las tenga". En tanto, solo el 12% aseguró que no tendrá dificultades.
