María Eugenia Schmuck, la presidenta del Concejo municipal, discute cuando algún trapito la aprieta y le pide 2 mil o 2.500 pesos para estacionar en un lugar que, en realidad, es gratuito. Carlos Cardozo deja el auto a varias cuadras de la cancha cuando va a ver a Central y camina luego hasta el Gigante. “No quiero pasar un mal momento”, explica, justamente después de varias veces en que ya los pasó. Caren Tepp dice que todas estas situaciones producen experiencias de “angustia y malestar” y que la problemática forma parte de una frustración mayor: las dificultades para disfrutar de la ciudad libremente.
Como cualquier rosarino, los concejales sufren en carne propia las situaciones de extorsión o apriete que reflejan las cerca de diez denuncias diarias que, de acuerdo a una nota que publicó La Capital el domingo pasado, realizan al 911 rosarinos que se sienten agredidos, intimidados o extorsionados por cuidacoches.
Schmuck, que es la referente del oficialismo y la presidenta del Concejo municipal, Cardozo (PRO, hoy aliado al intendente Pablo Javkin) y Tepp (Ciudad Futura) fueron invitados por Rosario3 para debatir sobre la problemática de los trapitos, para la entrega del podcast Desde la Redacción que se publicará este domingo.
Si bien la actividad de los trapitos, que crece con el avance de la pobreza y ahora el desempleo, genera conflictos difíciles de encaminar en todas las ciudades, en Rosario parece tener un rasgo particular que no escapa a la realidad general: su vínculo con la narcocriminalidad y las barras bravas de los clubes de fútbol, que en muchos casos actúan como gerenciadoras del “negocio”.
Así, se produce una especie de cadena trágica, propia de las lógicas mafiosas: el que te exige plata para estacionar, empujado por la necesidad y en muchos casos bajo los efectos de sustancias a las que son adictos, es a la vez víctima de la extorsión de peces más gordos que se quedan con parte de su recaudación.
Realidad e instrumentos legales
En este marco, la discusión que recurrentemente vuelve al Concejo sobre si prohibir (“erradicar”, dicen incluso algunos proyectos) o regular, irresuelta desde hace 30 años (el primer proyecto sobre el tema lo presentó Jorge Boasso en 1995), parece quedar desbordada por una realidad que es demasiado compleja para solucionar exclusivamente desde la competencia municipal, pero de la cual el poder local no solo no debe estar ausente sino que tiene que ser actor primario.
¿Con qué instrumento legal? Para María Eugenia Schmuck alcanza con la última reforma del Código de Convivencia, que con su última reforma incluye la extorsión como una contravención que le permite al municipio accionar contra quien la comete. Cardozo, en cambio, cree que hay sancionar una ordenanza enfocada en la prohibición que saque definitivamente a los cuidacoches de la zona del estacionamiento medido, mientras que Tepp sostiene que regular le daría al Estado la posibilidad de tener una intervención “preventiva e inteligente” frente a una problemática que los tres leen desde distintas aristas: la necesidad económica, las dificultades de inserción laboral en un marco de crisis, los graves problemas de consumo y, muy especialmente, el contacto de la actividad con las economías delictivas en una ciudad donde las bandas narcocriminales –íntimamente relacionadas con las barras bravas– dan una disputa diaria al poder político.
“Si extorsionan a una carnicería, si extorsionan a una concesionaria de autos, cómo no pensar que el que sale a laburar de buena fe como cuidacoches para ganarse el mango no termina preso de esas mismas organizaciones”, sostuvo Tepp. Cardozo, de hecho, fue testigo de situaciones en las que una cuidacoches que pedía una cifra importante a quienes estacionaban en inmediaciones de la cancha de Central le explicaba a su cliente/víctima que tenía que rendir cuentas a un delegado de la barra brava que iba a pasar a buscar parte de la recaudación en el entretiempo.
Delitos penales
“La ciudad no es la misma de cuando se empezó a discutir el tema allá por el 95. Los niveles de violencia, apriete y extorsión al que se ven sometidos los turistas o los vecinos en la calle por un grupo que al principio era minoritario y hoy son la gran mayoría de los cuidacoches hace que el problema deba ser abordado de otra manera”, explicó Schmuck.
La representante del oficialismo relató que hace 8 años se hizo un censo que entre un 60 y un 70 por ciento de los cuidacoches era conflictivo para el entorno. “Hoy eso ha crecido de manera sustancial y lamentablemente recibimos muchísimas denuncias de cuidacoches que venden droga”, mencionó. Ante esas situaciones, claro, intervienen la policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Es decir, la problemática se agravó a la par del avance de la violencia en la ciudad. Y requiere de un control que, otra vez, excede a los agentes de la Dirección de Proximidad (reemplazo de la GUM).
“Que te extorsionen o que te amenacen no lo vas a regular con una ordenanza; es un delito penal. Ahí lo que tiene que haber es una intervención del Estado provincial con la fuerza de seguridad. Lo máximo que se puede hacer a nivel municipal es cobrarles multas”, afirmó Tepp.
Cardozo, en tanto, cree que una buena herramienta sería la sanción de un proyecto que el diputado Walter Ghione presentó en la Legislatura que establece que se introduzca en el Código Penal de la provincia el delito de extorsión en la vía pública como punible. Esa iniciativa plantea que “quien sin acreditar habilitación o permiso de la autoridad competente ofrezca o preste en la vía pública, de manera directa o indirecta, servicios de estacionamiento o cuidado de coches exigiendo contraprestación a cambio, dentro de un radio de quince cuadras de donde se lleva a cabo el espectáculo masivo, sea artístico, deportivo o de otra naturaleza y desde las tres horas antes de su inicio y hasta dos horas posterior a su finalización, será sancionado con arresto desde 10 hasta 30 días”.
Eso llevaría, dijo, a que sea la Policía la que debe actuar, en coordinación con las áreas de control municipal.
Los operativos, las zonas
Schmuck aseguró que se avanzó en operativos de control articulados con la Policía y el MPA. “Hace un mes se están haciendo operativos de control en los que participan un móvil de Proximidad municipal, un móvil de Control Urbano, más dos policías, en 11 zonas de la ciudad en tres horarios: de 9 a 12, de 12 a 18, y de 18 a 2”, explicó.
Y marcó diferencias a partir del cambio de gestión provincial, del mismo signo político que la municipal: la idea es trabajar junto a la Policía, que es lo que no pudimos hacer los cuatro años anteriores porque durante la gestión Perotti no nos daban pelota. Lo vamos a sostener en el tiempo, porque esa es la clave”.
Los concejales ubicaron cuales son las zonas donde están los cuidacoches más picantes: la del complejo deportivo Alberto Lotuf, al lado del Monumento a la Bandera; avenida Rivadavia entre Oroño y Lagos, avenida Francia en la zona de las cervecerías, frente al Concejo Municipal los fines de semana, Presidente Roca entre Rioja y San Luis; barrio Hospitales, un área que calificaron de “tremenda”.
“Los que están en Roca entre Rioja y San Luis reservan lugares para usarlo de lavadero. Cincuenta veces la ciudad los ha echado. Sin la apoyatura de la policía vamos a tener que ir cien veces”, enfatizó Cardozo. Que además ubicó que en Córdoba y Oroño, donde hay una escuela, una estación de servicio, dos locales gastronómicos y un banco, “te cobran 1.000 o 1.500 pesos” a la mañana y hasta 2 mil 2.500 cuando termina el horario del estacionamiento medido.
En cuanto a los espectáculos públicos, la “tarifa puede trepar hasta los 3.500 pesos” y es donde con mayor nitidez aparece a mano del delito organizado. “Yo estoy convencida de que los cuidacoches, sobre todo los que están en recitales y en partidos de fútbol, están todos vinculados a las barras bravas de los dos clubes de Central y de Newell’s”, dijo Schmuck.
