Un electricista fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber tenido responsabilidad en la tragedia ocurrida en el Café de la Flor el pasado 12 de octubre de 2015, cuando murió electrocutado en pleno show el bajista Adrián Rodríguez de la banda "Raras Bestias". En tanto, el dueño del lugar aceptó una suspensión de juicio a prueba por dos años.
En una audiencia que se desarrolló en la sala 4 del Centro de Justicia Penal, el juez Hernán Postma homologó un juicio abreviado que fue presentado por la Fiscalía, aceptado expresamente por la querella y la defensa, en el que condenaron al electricista Fernando Campodónico a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación para ejercer el cargo.
La condena de Campodónico es condicional porque, entre otras cosas, no tiene antecedentes penales. La cantidad de años de la inhabilitación es el máximo previsto por ley. Además, el electricista deberá entregar dinero mensual a una escuela pública.
En tanto, Ariel Scharf, dueño de "El Café de la Flor", aceptó la suspensión de juicio a prueba (probation) por dos años. Deberá realizar tareas comunitarias en la Parroquia Resurrección del Señor, ubicada en Vélez Sarsfield al 1600, un día a la semana durante dos horas. Además, se le impuso una inhabilitación especial para ejercer el comercio durante ese período.
En tanto, hay una reparación económica ofrecida por Scharf a la familia de Adrián Rodríguez, músico fallecido, que no impide que siga adelante con un reclamo civil a la aseguradora del lugar para una eventual reparación económica.
La fiscal de Homicidios Culposos Valeria Pizza Iglesias acusó a Scharf y Campodónico por el trágico hecho ocurrido el 12 de octubre de 2015, cuando tocaba la banda Raras Bestias en "El Café de la Flor" y el bajista Adrián Rodríguez murió tras recibir una descarga eléctrica. Según la fiscal, había desperfectos en el sistema eléctrico del lugar, ya que no estaba debidamente conectado el interruptor.
En la causa resultó absuelto el inspector municipal Pablo Andrés Akerman, que seis meses antes del hecho había inspeccionado el bar y certificado que estaba en condiciones de funcionar.
