A casi ocho años de que dos colectivos de la empresa Monticas chocaron de frente en el kilómetro 779 de la ruta Nacional Nº 33, en lo que fue la tragedia vial más importante de la provincia de Santa Fe con 13 víctimas fatales y más de 30 heridos, la Justicia definió cerrar la investigación sin encontrar responsables.
Este jueves, el juez Pablo Pinto aceptó el acuerdo entre el fiscal Walter Jurado y las defensas de los diez imputados por el siniestro vial para avanzar en una suspensión del juicio a prueba. En concreto, los acusados deberán donar dinero a una ONG, pagarles en cuotas una suma a los damnificados y no ejercer cargos relacionados en empresas de transporte por dos años.
En el escrito, los defensores aclararon que el acuerdo al que llegaron es “sin reconocer responsabilidad alguna, ni de carácter penal, ni tampoco civil y solo a los fines de instrumentar una salida alternativa al conflicto emergente”.
En febrero de este año, Rosario3 ya había anticipado un principio de acuerdo entre el fiscal Walter Jurado y los abogados defensores de los imputados. En ese entonces, el pedido de probation había sido presentado por el representante del Ministerio Público de la Acusación.
De acuerdo a la notificación que el propio Jurado le había enviado a los damnificados por el siniestro vial, la alternativa al juicio se justificaba “en virtud de las vicisitudes que se pueden suscitar en un futuro juicio oral y público, siendo que las pericias obrantes en la causa no son contundentes en cuanto a los vicios del neumático”.
“En el análisis que hagan los jueces de la prueba a rendirse, y ante la duda que podría suscitarse en el estado intelectual de los mismos podría acarrear una absolución para todos los acusados”, advertía el fiscal en el texto.
Finalmente, ese acuerdo no prosperó, pero sirvió de base para el escrito que presentaron los abogados defensores de los diez imputados.
“Hemos sido acusados del delito de homicidio culposo, agravado por la cantidad de víctimas, en concurso ideal con el delito de lesiones culposas graves y gravísimas agravadas. Se trata entonces de un supuesto incriminante que prevé una pena en expectativa de 2 a 5 años de prisión”, detallaron.
A modo de resarcimiento por esta imputación, aunque sin reconocerse como autores del delito, los imputados ofrecieron donar entre los diez la suma de 1,3 millones de pesos a los Bomberos Voluntarios de Pérez y Zavalla, que fueron las principales dotaciones que trabajaron en la tragedia.
“El monto se ajusta a nuestra capacidad patrimonial. En este sentido y como se sabe, todos los peticionantes somos empleados en relación de dependencia, como mostramos en los recibos de sueldo que se acompañan también”, justificaron.
Además, como "reparación" con las víctimas directas del siniestro y/o los herederos forzosos, los diez imputados deberán abonar “una suma equivalente a un salario y medio, neto, conforme los recibos de sueldo que tienen actualmente”.
Según la resolución, la suma será cancelada en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas, y vencerá "la primera de ellas a los diez días hábiles posteriores de la formalización de la probation; mientras que las dos restantes, a los treinta y sesenta días corridos, respectivamente”.
El total de esas cuotas deberá depositarse en una cuenta del banco Municipal de Rosario con la posibilidad de que, a medida que va ingresando el dinero, se pueda confeccionar un plazo fijo de renovación mensual para que la suma no se desvalorice en el tiempo que demora la Justicia en definir cómo será la repartición entre los damnificados por la tragedia.
“Dicha suma no comprende a quienes hayan sido víctimas de lesiones leves, atento al desistimiento de la acción y de la pretensión efectuada por el MPA en relación con estos damnificados”.
Por último, los propios imputados ofrecieron también auto inhabilitarse por el plazo de 2 años, para desempeñar el cargo que ostentában al momento del hecho investigado. "Así, no podremos desempeñar los siguientes roles en empresas cuyo objeto sea el transporte público de pasajeros", reafirmaron.
Con esta probation, la Justicia da por cerrada una investigación inconclusa que demandó 7 años y que, según reconoció el propio fiscal, no contó con las pericias pertinentes para poder condenar con prisión a los responsables.
