“El caso de Ezequiel Curaba, el joven que se electrocutó el 11 de febrero en Rosario intentando sustraer cables subterráneos, y que falleció tras tres días de agonía con el 90% de su cuerpo quemado, volvió a poner crudamente el tema en agenda”. De esta manera, la diputada provincial Verónica Porcelli Baró Graf se mete en la problemática que azota a la ciudad y a todo el territorio provincial, de la mano de un pedido de informes para saber si se está aplicando la ley provincial 14.191 que crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos, conocida como la “ley de robo de cables”, presentada pr el diputado Provincial Oscar “Cachi” Martínez y que en marzo del año pasado fue reglamentada.
En los fundamentos de su pedido de informe, la legisladora asegura que “no se trata de un hecho aislado” y manifiesta: “Hay bandas delictivas organizadas que cuentan con los conocimientos técnicos y los recursos para, por ejemplo, desmontar un transformador entero y llevárselo en una grúa. Además, también señala que allende de las pérdidas millonarias que estos delitos reportan para las empresas que proveen los servicios, afectan a barrios enteros, y a instituciones con importantes funciones sociales como ser escuelas, sedes judiciales, centros de salud; que a causa del robo de cables quedan sin energía eléctrica y privados de prestar sus servicios por largos períodos de tiempo. “Cuando eso sucede, los chicos se quedan sin ir a la escuela, los vecinos sin poder tratarse, la ciudadanía sin poder radicar una denuncia o seguir un proceso judicial”.
“La ley contempla que, como es dificil parar a quien va a robar el que tiene el poder es el de la chatarrería que compra. Había un registro de chatarrería, hasta el año pasado no había, para que se controle estas chatarrerías porque ahi terminan los cables”, comenzó su diálogo con Radiópolis (Radio 2). “Fue aprobada y promulgada en marzo de 2023, y además fue reglamentada en julio de ese año”. Es decir que ya hace 7 meses que la ley tiene plena vigencia.
“Esa reglamentación prevé la creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional para abordar el problema —continuó—, además de que fija la posibilidad de conveniar con Municipios y Comunas, y establece incluso un mecanismo de sanción por incumplimiento de la propia ley. Todo esto queremos saber en qué estado está, porque lo cierto es que los hechos que la ley busca prevenir siguen sucediendo”, explicó.
A continuación, Baró Graf advirtió: “No producimos cobre pero se exporta cobre, ¿de dónde sale? No solo es el pobre pibito Ezequiel que fue a robar un cable de alta tensión, se han robado 300 transformadores en un año. Necesitás connivencia y estructura alguien no tiene que ver y tiene que dejar pasar”.
En ese sentido, amplió: “El chatarrero que compra el cable no va a cortar el cable manda a estos chicos de los mandados que se van muriendo. La EPE tiene que denunciar lo que está pasando con la vida de esa gente”.
La legisladora aseguró que “los dueños de chatarrerías tienen más de 70 años, son excarcelables”. Y sumó: “Es un negocio muy establecido, que sabe puentear a la Justicia. El problema no es meter preso al que roba cables sino desarticular el negocio mafioso, debe haber otro compromiso político o de la Justicia porque no se puede creer que no haya una intervencion más dura”.
