El conflicto entre los comerciantes de Rosario y las empresas que ofrecen el servicio de recolección diferencial de residuos, sumó un nuevo capítulo. Ahora los dueños de los camiones recolectores que cumplen esta tarea pidieron ser convocados por el Concejo para plantear su postura sobre la situación.
El problema por la recolección diferenciada se puso en evidencia en primera instancia por bares y restaurantes de la ciudad pero luego fue sumando adeptos entre los panaderos y otros comercios. Es que, según la normativa vigente, los locales comerciales que sean considerados como “grandes generadores de residuos” o “generadores especiales”, tienen la obligación de contratar una recolección diferenciada.
Esta medida fue tomada por el municipio en el año 2000 con el objetivo de evitar que los locales arrojen sus desechos en los contenedores de uso domiciliario y así evitar el desborde de los mismos.
El problema es que la regulación sólo establece la obligatoriedad de contratar el servicio pero no se estipula ninguna regulación sobre las empresas que lo prestan. Esto hizo que actualmente en Rosario haya cinco firmas que ofrecen este tipo de recolección pero una tiene la infraestructura suficiente para abarcar el 80 por ciento del mercado.
De acuerdo a los gastronómicos, esa empresa en cuestión (Clean City) aumentó cerca de un 300 por ciento el valor del servicio. Al tener una posición dominante en el mercado, hace que sea imposible que los comerciantes puedan pasarse a otra de las empresas ya que ninguna está en condiciones de prestar el servicio.
Como respuesta a esto, desde el Concejo presentaron un proyecto para que la empresa municipal Sumar, empiece a ofrecer la recolección diferenciada y así pueda regular el precio del mercado.
La iniciativa está en discusión dentro de la comisión de Servicios Públicos y ahora los empresarios a cargo de la recolección pusieron el grito en el cielo. Mediante un escrito, pidieron ser convocados a la comisión.
“El proyecto provoca una afectación arbitraria de los derechos (de las empresas), pretendiendo la prestación de servicio por intermedio de una empresa municipal, a la vez que su intervención en la determinación de costos máximos del sector”, señalaron los transportistas a cargo de la recolección.
En ese sentido, también reclamaron que la decisión de municipalizar el servicio y la pretensión de “fijar precios máximos” por parte de un “Ente cuyo pasivo es solventado por los y las vecinas de la ciudad de Rosario, provocando con ello una seria distorsión del mercado e impidiendo una competencia leal en el sector”.
Ahora resta que los concejales que integran la comisión acuerden una fecha para la audiencia.
