Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó este martes que una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el santafesino Horacio Rosatti, sea archivada en el Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Santa Fe.

La medida, que lleva la firma de los jueces Fernando Lorenzo Barbará y Aníbal Pineda, dejó sin efecto un recurso de apelación que interpuso el fiscal federal N°1 de Santa Fe, Gustavo Onel, que pidió el archivo de dicha denuncia tras analizar el tiempo transcurrido desde cuando habrían ocurrido los hechos y los plazos de prescripción.

Sin embargo, ese planteo no fue aceptado por el juez federal N°1, Reinaldo Rodríguez, por lo que declaró el 4 de junio del 2021 la nulidad del dictamen del fiscal tras considerar que era “prematuro” e “irrazonable” y que debía profundizarse la pesquisa. Onel apeló la medida del juez y recurrió ante un tribunal de alzada, pero en el camino su par ante la Cámara, Fernando Arrigo, no mantuvo el recurso y la apelación quedó sin efecto. En consecuencia, seguirá abierta la denuncia contra Rosatti.

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En su dictamen, Arrigo indicó que la investigación todavía no puede cerrarse porque aún “no existen constancias que permitan determinar con certeza la totalidad de las posibles figuras penales involucradas, la competencia local o federal para su investigación ni la inexistencia de causales de suspensión y/o interrupción de la prescripción de la acción penal”.

De hecho, el fiscal general planteó que “tampoco se halla determinado con exactitud el ejercicio por parte del Dr. Horacio Rosatti de empleos y/o cargos públicos durante todo el plazo que se extiende desde la supuesta fecha de comisión de los hechos ilícitos denunciados hasta la actualidad”.

En efecto, consideró también que resulta necesario que se lleven a cabo una serie de medidas “a los fines de determinar con certeza la existencia o no de delitos”.

La denuncia en cuestión apunta a que el ministro de la Corte Suprema se habría enriquecido ilícitamente en tiempos en los que se encontraba al frente de la Procuración General del Tesoro de la Nación (2003-2004) y luego a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo la presencia de Néstor Kirchner, entre 2004 y 2005.