La Justicia federal ordenó este viernes bloquear el acceso a tres sitios web vinculados a la plataforma de compraventa de criptomonedas Rainbow Exchange, sospechada de ser el canal de una estafa piramidal con epicentro en la localidad bonaerense de San Pedro.
La medida fue tomada por el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, a partir del pedido del fiscal federal Matías Di Lello y el fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin. Desde el Enacom comunicaron su implementación y sostuvieron que ya se encuentra operativa.
En concreto, la solicitud la fiscalía federal de San Nicolás y la Unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia apuntó a restringir el acceso a los sitios de Knight Consortium, el grupo de supuestos traders que está detrás de la promoción de inversiones en Rainbow, esto sin contar con el aval de la Comisión Nacional de Valores.
Entre los dominios bloqueados había una página desde la cual los inversores descargaban la plataforma para operar depositando su dinero directamente desde sus teléfonos celulares.
La fiscalía federal encabezada por Di Lello se encuentra investigando a Knight Consortium y Rainbow Exchange para determinar si llevaron adelante operaciones de intermediación financiera no autorizada –por lo que habrían violado el artículo 310 de Código Penal– y, además, por posible lavado de activos.
Por su parte, la Justicia de la provincia de de Buenos Aires comenzó una investigación de oficio, que es llevada adelante por la fiscal María del Valle Viviani e intenta determinar si existió una estafa alrededor de esta red de supuestas operaciones con criptomonedas. En el marco de esa causa fue que este jueves se presentaron los primeros inversores que declararon no haber podido retirar sus ahorro.
Allanamientos por la causa de Rainbow Exchange
Además, la Policía Federal encabezó esta semana dos allanamientos vinculados con Rainbow. El primer procedimiento de oficio realizado por la División Antifraude de la PFA se dio en Overcash Asesoramiento Financiero, situada en avenida Mitre al 800, en el centro de San Pedro. Allí fueron incautadas documentación y computadoras, tratándose del lugar en l que los inversores de la empresa podían retirar en efectivo los dividendos que dejaban las operaciones realizadas. El segundo allanamiento ocurrió en un domicilio en el barrio cerrado Apart Club, aunque en este caso no se encontró material de interés para la investigación.
