El lunes es el “día D” para la relación entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga. Las partes se verán las caras en el estrado del el juez en lo civil y comercial federal Juan Rafael Stinco, quien los convocó a una audiencia de conciliación, a las 10 de la mañana, por la causa en la que el Ejecutivo reclamó que se retrotraigan los aumentos de las empresas a diciembre y que devuelvan el dinero cobrado.
Stinco hizo lugar al planteo de la Superintendencia de Servicios de Salud y dictó una medida cautelar por la cual dispuso que las empresas de medicina prepaga que “retrotraigan el monto de los valores a las cuotas vigentes al mes de diciembre de 2023″ y que actualicen los valores “de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”.
También que las empresas devuelvan el excedente cobrado con “un crédito a favor de cada uno de ellos”. En ese sentido, el magistrado les dio un plazo de cinco días a cada empresa para que presenten “un plan de acción para efectivizar la devolución dineraria”. Esa decisión inicial luego se extendió hasta el próximo lunes.
En el sector empresarial reina la cautela y el hermetismo. Nadie quiere “levantar la cabeza” en medio de un contexto que se complicó, y mucho, luego de que el Gobierno les diera libertad, por medio del DNU de Javier Milei, y luego de aumentos de más de 150% en pocos meses los acusara de subas muy excesivas y también de “cartelización”, como señaló en su momento la secretaría de Comercio que depende de Economía.
Justamente el ministro Luis Caputo acusó al sector de haberle declarado la guerra a la clase media. La tensión generó la salida de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, de la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a todas las empresas del sector privado de la salud del país. La UAS hoy está presidida por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami) y director general del Cemic.
Por el esquema actual, y luego de los aumentos de este mes, las empresas deberán subir sus precios en lo sucesivo según la inflación del mes anterior. Claro, queda en discusión cómo se devolverá el incremento excedente, por sobre la inflación, que se dio en los primeros meses de este año. Se trabaja a contrarreloj por estas horas sobre esos números. “Y se va a trabajar todo el fin de semana”, aseguraron desde una de las firmas más conocidas del mercado.
Con todo, todas las empresas ya tienen sus números cerrados. Al menos las grandes del sector irán al juez con propuestas de devolución con un piso de 6 cuotas. Esperan poder conseguir bastante más, aunque dudan de la posición que podría tomar el juez. Fuentes calificadas de la industria aseguraron que si las más chicas pagan con esos plazos “directamente se funden”. Pretenderían, al menos, el doble de tiempo.
“Tenemos que devolver plata que ya se gastó, que se usó para pagarle a los prestadores, a los médicos. Y estamos en medio de una paritaria ‘incendiada’ con reclamos en todos los sanatorios”, definió un referente de la prepagas “chicas”.
Si bien hubo conversaciones muy informales entre las empresas, ninguna quiere reconocerlo formalmente luego de los señalamientos por cartelización. Una parte de la industria, con Belocopitt a la cabeza, pretende una salida que integre a todo el sistema privado, con las grandes y medianas empresas: no ven un esquema donde “se salvan las que tienen más espalda, y las otras que vean como hacen”.
La Superintendencia de Salud propuso un plan de 7 cuotas, para todas las empresas, que debería haber empezado a regir desde este mes. Se estableció que se devolviera lo cobrado por encima del IPC en siete cuotas consecutivas de un 9,68% de la misma, a partir de junio de 2024. “Esto fue una sugerencia que hizo el organismo con el objetivo, también, de mantener la sustentabilidad del sistema. En la audiencia del lunes próximo y en función de lo que propongan las prepagas, el juez será quien defina cómo será el mecanismo a implementar”, destacaron fuentes oficiales e indicaron que esperan poder llegar a un acuerdo el lunes con las empresas pese a algunas objeciones planteadas por las empresas ante la Justicia.
Hay preocupación entre los gobernadores e intendentes por la crisis en el sistema privado de salud. Axel Kicillof (PBA), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (CABA) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) hablaron de los rumores de posibles cierres de hospitales y clínicas privadas en este contexto de crisis, aseguraron que se preparan medidas de contención para el sistema público y advirtieron que, tanto el PAMI como IOMA, están muy retrasados en sus pagos y actualizaciones de costos.
La misma situación se da en los intendentes del conurbano y de las capitales provinciales. “No toleramos una mayor demanda en el sistema público. Ya está colapsado y la bronca después es con nosotros”, aseguraron en el Ejecutivo de una de esas provincias.
Más información
