Desde Argentina cuesta entender el tremendo estallido social que vive Chile si se piensa que el desencadenante fue un alza en el transporte no demasiado significativa, del 3,75 por ciento, y que encima la revuelta siga cuando el presidente Sebastián Piñera dio marcha atrás con la medida.
De hecho, la masiva protesta tomó por sorpresa al gobierno de Piñera, que sólo días antes había afirmado que Chile era una especie de "oasis" en la región, por su estabilidad política y económica.
Algunos piensan que Chile vive su propio 2001, ya que la gente en las calles manifiesta una especie de “que se vayan todos”, pues repudian a la clase política en su totalidad.
Pero la situación macroeconómica es claramente diferente de la que vivía la Argentina en aquella época y también que la que vive hot. Chile tiene el ingreso per cápita más alto de América latina, tiene un crecimiento para este año del 2,5% y una inflación del 2 por ciento. ¿Entonces? La palabra clave es desigualdad. Es el país de la región en el que más diferencia hay entre los que más y los que menos ganan.
Una desigualdad que se agravó con las sucesivas alzas en los costos de la salud y la electricidad, y las bajas jubilaciones que se otorgan en el sistema de capitalización obligatorio (similar al que tuvo en su momento la Argentina).
Por eso, los chilenos dicen que el alza de la tarifa del metro en 30 pesos fue solo la gota que rebalsó el vaso.
El sistema de pensiones
A la hora de hablar de los motivos del malestar social el sistema de pensiones aparece en primer plano.
Fue impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet y está manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.
Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación, tal como funcionaban en la Argentina las AFJP.
El propio presidente Piñera, durante su primer mandato en 2013, dijo: "Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo".
"No más humillación para nuestros abuelos", decían las consignas de una de las manifestaciones en contra del sistema de pensiones actual chileno.
Salud en crisis
El sistema de salud chileno también está en el centro de las críticas. Tiene una composición mixta: por un lado está el seguro público denominado Fonasa (Fondo Nacional de Salud), que abarca a cerca del 80 por ciento de la población, y, por otra, uno privado llamado Isapre (Instituciones de Salud Previsional), en el que está el 20 por ciento restante.
Los chilenos dicen que en el sistema público faltan hospitales y especialistas, mientras que en el privado los planes son impagables.
En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que "más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello".
"Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar", agregó.
Transporte, talón de Aquiles
La red de transporte Transantiago (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 años con la idea de generar un sistema moderno y de calidad. Pero desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas.
Pero además, según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.
Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa.
Acceso al agua
En un país seco, el agua es un bien escaso y preciado. El servicio está privatizado desde la dictadura y según organizaciones que representan a los consumidores los empresarios hacen un "aprovechamiento" del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población.
“Aquí los empresarios pueden comprar, vender o arrendar agua”, dicen.
Educación, un privilegio
En 2006 y 2011 hubo masivas protestas de estudiantes por las dificultades para acceder a la educación universitaria. En 2016 se renovó la exigencia de gratuidad y una mejor calidad en la educación en 2016.
Y si bien hubo grandez avances en ese sentido, aún hay un 40 por ciento de la población que no accede a la educación superior, lo que para muchos significa una traba para acceder a una mejor calidad de vida.
Corrupción
Un tema que ganó espacio en los medios en los últimos años es el de la corrupción y los abusos empresarios, como la cartelización de precios.
Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas –Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand–se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.
Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria –Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue– se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.
De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas ganaron alrededor de US$23 millones cada una.
También entró en la agenda pública los casos de corrupción política. Por caso, las dos fuerzas políticas principales estuvieron involcuradas en financiamiento ilegal de las campañas electorales.
Esto colaboró a un acelerado descrédito de la política.
