La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de Santa Fe le recomendó al gobernador Maximiliano Pullaro que se declare la emergencia o desastre agropecuario en los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal, en el norte del territorio santafesino, luego de analizar los informes del impacto de la sequía y “La Niña” en esa región.
El secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mántaras, explicó este martes que, dentro de un contexto adverso en líneas generales, 9 de Julio y Vera son los departamentos “más complicados” por la falta de lluvias. De confirmarse, la declaración de emergencia será por un plazo de seis meses, que va del 1º de septiembre a fines de febrero del próximo año.
“Hay zonas complicadas en otros departamentos como San Justo, sobre todo en cultivos. Pero en los cuatro del norte está el mayor stock ganadero, rodeados de cría y mucho campo natural, venimos de tres años de sequía y no se han podido recomponer esos rodeos”, explicó en diálogo con el programa Punto Medio (Radio 2).
El funcionario dio más precisiones sobre cómo la sequía podría afectar al desarrollo del ganado en esas zonas: “La primavera es la época de parición. La vaca pare, tiene que criar el ternero y matener su estado corporal para en pocos meses en el verano volver a preñarse. Si eso no sucede, ese productor no va a tener terneros el año que viene”.
Aunque los especialistas pensaban que este 2024 iba a ser un año de transición, con menor sequía, las condiciones de los últimos meses demostraron lo contrario. Incluso, Mántaras advirtió que la problemática podría extenderse a departamentos como San Cristóbal, una zona lechera por excelencia, y sostuvo que también ya se notan los inconvenientes en las zonas agrícolas sembradas con trigo.
“Si no llueve, se va a retrasar la siembra de girasol, maíz y algodón, o directamente no se va a sembrar”, alertó.
Qué implica para los productores
El secretario de Agricultura y Ganadería mencionó que la legislación vigente en la provincia permite, a través de la declaración de emergencia o desastre agropecuario, ofrecer prórrogas o exenciones en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural (IIRR) a los productores afectados. Para que sean considerados dentro de la emergencia deben tener más del 50 por ciento de la producción afectada, en tanto que el desastre califica para los que vean más del 80 por ciento damnificado. Mántaras expresó que tambien es posible abrir líneas de crédito. Las ayudas para los productores podrían ampliarse si la declaración es homologada a nivel nacional: en ese caso se aplicarán beneficios sobre el impuesto a las ganancias y sus anticipos. Al margen de la batería de medidas que propone desplegar el gobierno provincial mediante la emergencia, Mántaras analizó que es necesario que el Estado trabaje en materia de prevención y no solo tras el daño consumado: “No corriendo detrás de las urgencias sino anticipándose a los hechos”. Por ejemplo, mencionó que desde su área se piensa en un esquema de gestión de riesgos con una nueva legislación que otorgue “un seguro” para que un productor que pierde su cosecha tenga algunos ingresos. “Otro capítulo es el manejo de aguas, desarrollar un plan sobre los bajos submeridionales. Implica el riego, en Santa Fe arrancamos con una mesa para desarrollar el riego en la provincia que permite morigerar los efectos de una sequía con un sistema de riego de agua subterránea”, explicó el funcionario. Para eso, es necesario que Santa Fe reglamente la ley de Aguas aprobada en 2017. “Santa Fe es una provincia vulnerable en materia hídrica, somos una provincia de paso porque las provincias vecinas nos tiran el agua que va al Paraná, y en épocas de faltante cierran las compuertas y el agua no llega”, concluyó. 
