La niña de 12 años que expresó su voluntad de interrumpir el embarazo provocado por los abusos de su padre, y que el fin de semana fue captada por un grupo "provida" de Santa Fe, fue puesta bajo el sistema de protección del Estado y ahora se evalúa su situación, a la vez que su papá quedó imputado por violación.
La niña, oriunda de la localidad de Garibaldi, a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, debía ser sometida a la interrupción del embarazo el lunes pasado, pero no se presentó al hospital debido a que el fin de semana fue llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida, desde donde fue rescatada el martes.
Ahora, la niña se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe y, según informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, las autoridades aguardarán a que "se tranquilice" para tomar una decisión.
Voceros del Ministerio de Salud indicaron que la niña transita el segundo trimestre del embarazo y estaría a tiempo de ser sometida a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, detalló que “considerando la gravedad, vulnerabilidad y complejidad que conllevaba” el caso se trabajó de manera interministerial.
"Como es de público conocimiento, la niña y su madre, luego de haber sido abordadas por equipos interdisciplinarios de niñez y salud, fueron derivadas inmediatamente al Hospital Iturraspe ante el pedido y consentimiento explícito de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo”, agregó.
A partir de lo sucedido en relación al caso de la niña de 12 años embarazada producto de un abuso intrafamiliar es importante clarificar algunas cuestiones vinculadas a la actuación del Estado Provincial a través de los distintos Ministerios intervinientes. Abro Hilo.
— Flor Marinaro (@flormarinaro) January 4, 2023
“Desde ese momento, se pusieron a disposición todos los mecanismos estatales previstos para garantizar el cumplimiento de este derecho. En el trayecto fueron interceptadas por una ONG que buscó impedir que el procedimiento se llevara a cabo”, detalló la ministra en su cuenta oficial de Twitter.
“A partir de ello, la Secretaría de Niñez solicitó una medida de protección excepcional transitoria y, a pesar de las acciones de esta ONG para evitar su cumplimiento, los equipos estatales de forma inmediata lograron que volvieran a estar contenidas y asistidas”, añadió.
Decisión tomada
El 19 de diciembre la niña fue llevada por su madre a un control médico en el cual se comprobó que estaba embarazada, por lo que ambas manifestaron la intención interrumpir la gestación y firmaron un consentimiento.
Las autoridades sanitarias fijaron la fecha para el lunes pasado, pero madre e hija no concurrieron a la cita porque durante el fin de semana fueron contactadas por la asociación Grávida, cuyos integrantes la llevaron a una casa de Santa Fe.
Sin noticias del paradero de ambas, la Justicia de Santa Fe activó la búsqueda y el martes rescató con la fuerza pública a la niña para llevarla a un hospital.
El padre, imputado
Paralelamente, la fiscal Alejandra Del Río Ayala imputó al padre de la niña, identificado con las iniciales G. M. A., de 42 años, por el delito de abuso sexual agravado, en una audiencia desarrollada este mediodía en Tribunales, horas después de haber sido capturado en la ciudad de Recreo.
Tras la audiencia, la fiscal dijo que existe una denuncia por violencia de género contra el padre de la niña, radicada por la ahora expareja en la localidad santafesina de San Jorge, en junio pasado.
“Eso está radicado en la Fiscalía de San Jorge”, aclaró Del Río Ayala, para explicar que tomó el caso hace 48 horas a partir de que la niña estaba desaparecida.
“Desde la Fiscalía Regional me pidieron que intervenga y por eso lo tomé”, abundó.
A raíz del caso, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de "organización fundamentalista" y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que "quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo".
"Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10" (que refiere a no limitar derechos de los niños) y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento", indicó la Campaña en un comunicado.
También pidió que "se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes".
