Los fiscales santafesinos que imputaron al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain pidieron este jueves que se le prohíba la salida del país, de portar armas de fuego y que se le trabe un embargo de 200 mil dólares. La solicitud fue formulada durante la audiencia por la investigación por presuntas irregularidades en un proceso licitatorio para compra de armas, donde los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dieron a conocer las medidas alternativas a la prisión preventiva.
Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández dieron una entrevista al programa De 12 a 14 (El Tres) aseguraron que la licitación –que no se terminó por concretar porque se interpuso una denuncia– habría causado un perjuicio de 17.103.453 dólares a las arcas provinciales.
“Víctor Sarnaglia expresó que no quiso participar, que expuso que no estaba de acuerdo con la compra del armamento y con el ofrecimiento del tipo de armas y los precios. Lo que señaló es que a partir de ahí se cortó la relación con el por entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain, y que incluso ya no pudo acceder a reuniones”, comentó la fiscal Jiménez.
Por su parte, el fiscal Hernández detalló que este jueves pidieron las siguientes medidas para Sain, el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y Maximiliano Novas, ex encargado de Finanzas de ese ministerio; y un ex jefe de la División Logística de la Policía: fijar domicilio; prohibición de salida del país, de acercamiento y comunicación con los denunciantes y testigos; prohibición de acercamiento al Ministerio de Seguridad y Economía; un embargo de 200 mil dólares a cada uno; inhabilitación general de bienes; prohibición de tener y portar armas.
“En el caso de uno de los imputados tiene una gran cantidad de armas en su poder. Ha hecho ostentación de las mismas. Pedimos que haga entrega efectiva”, añadió Hernández que sin precisar de la persona a la que hacía referencia.
En la audiencia realizada a finales de abril, la Fiscalía sostuvo que –abusando de su condición de funcionarios públicos– los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la provincia. El accionar de los investigados tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
También se señaló que las intervenciones indebidas de los funcionarios en el proceso licitatorio comenzaron, al menos, el 28 de mayo de 2020. Según se indicó, consistieron en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro. De esta manera, según la imputación fiscal, el ex ministro de Seguridad de la provincia, el ex secretario de Seguridad Pública y el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente.
Al momento de realizar la imputación, la Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones.
Según se recordó, esta particularidad fue observada por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y advertida al Ministerio de Seguridad. En la audiencia también se hizo hincapié en que, a pesar de lo observado administrativamente, y con la intención de seguir con la maniobra defraudatoria, los imputados modificaron el pliego y establecieron que la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debía incluir varios ítems. Es decir, los cinco renglones iniciales (uno por cada tipo de arma a comprar) se agruparon en un renglón único, con el objetivo de que el proveedor que se presente sea el único para todos los rubros.
Por otra parte, la Fiscalía remarcó que la particularidad de ese renglón único era que se integraba con armas que únicamente podían ser ofrecidas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. En ese sentido, la Fiscalía puntualizó que los imputados sabían que solo esa empresa estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descrito en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma a la cual pretendían beneficiar.
Con todo, uno de los oferentes de la licitación presentó una impugnación. Sin embargo, los imputados volvieron a insistir con su maniobra. En esta oportunidad, presentaron un “informe político-técnico” en el que plantearon que la licitación se realice en los términos pretendidos.
La Fiscalía manifestó que, finalmente, y luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía; de la Cámara Contencioso Administrativo; de la Fiscalía de Estado; del Tribunal de Cuentas de la provincia), la licitación quedó sin efecto. En definitiva, los tres ex funcionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.
