El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno desvinculó a 15 empleados de Intercargo que participaron de la medida de fuerza llevada a cabo durante el miércoles. "En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión", afirmó Toto en su cuenta de X.
La decisión de la administración libertaria llega luego de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) llevará a cabo una sorpresiva jornada de asambleas informativas, para denunciar el "despido arbitrario" de un empleado de Intercargo. Además de las desvinculaciones, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra los participantes de la medida de fuerza por delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión entorpecimiento del transporte aéreo.
Los despidos del Gobierno en Intercargo
El conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronavegantes se recrudece día a día. Tras el paro llevado a cabo en Aeroparque Jorge Newbery, el Gobierno respondió duramente y despidió a 15 empleados de la empresa estatal de servicios de rampa y asistencia terrestre.
"Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión", anunció el ministro de Economía a través de un mensaje en sus redes sociales.
Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión.
— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 7, 2024
La medida de fuerza, llevada a cabo el miércoles al mediodía, provocó demoras y cancelaciones de vuelos. Según detallaron desde el gremio de aeronáuticos, la decisión de realizar asambleas informativas se tomó luego de que la empresa decidiera despedir de manera "arbitraria" a uno de sus empleados.
La respuesta de la gestión libertaria no tardó en llegar. Primero, desde el Gobierno anunciaron la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para reestablecer la normalidad de los servicios.
Posteriormente, desde el Ministerio de Seguridad realizaron una denuncia contra los empleados de Intercargo que participaron de la jornada de protesta. Desde el Gobierno acusaron a los trabajadores de la empresa estatal de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.
Pero la respuesta de los integrantes de La Libertad Avanza no quedo ahí. El Gobierno también le dio un ultimátum a los integrantes de los gremios aeronáuticos: tienen hasta el viernes para presentar una propuesta para que Aerolíneas Argentinas opere normalmente y sin conflictos, caso contrario, se llevará a cabo un Plan Preventivo de Crisis que terminará en su cierre definitivo.
El ultimátum del Gobierno
Tras lo sucedido con APA e Intercargo, el Poder Ejecutivo exigió a los gremios de aeronavegantes un plan de trabajo para que Aerolíneas Argentinas opere sin conflictos sindicales. En caso de que la propuesta de los aeronáuticos no satisfaga al presidente Milei, llevará a cabo un Plan Preventivo de Crisis que terminará en su cierre definitivo.
En detalle, el proceso preventivo de empresa es un mecanismo legal por el que una compañía, por motivos de fuerza mayor o por una causa no imputable al empleador, puede reducir horarios, suspender o despedir trabajadores con una indemnización reducida. Esta legislación funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y es un paso obligatorio para que una empresa cese sus operaciones.
El límite puesto por el Gobierno llega como respuesta a la mediad de los trabajadores de Intercargo. Si bien las asambleas no afectaron directamente a Aerolíneas Argentinas, si perjudicó normal funcionamiento de aerolíneas como Flybondi, JetSmart, Gol, Sky y Latam.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó las acciones de los trabajadores aeronáuticos y afirmó: "Vivimos una situación inédita, nunca vista, tanto es así que 18 personas debieron ir a la unidad médica. Personas con temblores, con sofocamiento, convulsiones, una persona con hipertensión”.
Además, la ministra sentenció: "Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Nosotros defendemos a los 46 millones de argentinos y sus impuestos que les pagan a estos señores los sueldos para torturarlos".
