El Consejo de la Magistratura, que evalúa el desempeño del juez federal Marcelo Bailaque por mal desempeño, presuntos vínculos con el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado y corrupción, también tiene otro legajo que fue girado desde Córdoba al despacho del magistrado por una causa de evasión tributaria que estuvo paralizada 8 años y 7 meses hasta que prescribió. En esa causa, se investigaba una supuesta asociación ilícita que introducía soja en negro en el mercado formal, donde habría tenido participación un abogado de Rosario, esposo de la jueza federal Sylvia Aramberri.
Este martes, según publicó Infobae, la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura rechazó el pedido de la defensa de Bailaque para extender el plazo para presentar un descargo voluntario frente a las nuevas imputaciones. Además, le dio como fecha límite el 27 de diciembre próximo.
Al juez federal se lo sindicó por haber demorado allanamientos e intervenciones telefónicas en la causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado de 2013 –que a la postre fue condenado por otra causa federal, por un cargamento de 493 kilos de marihuana secuestrado en Río Negro–, por haber tenido de contador a Gabriel Mizzau, el mismo que firmó balances de sociedades que las que Alvarado terminó condenado por lavado, por el manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, y por una llamativa intensidad en un legajo contra un empresario que había sido denunciado de manera anónima y desprolija y que resultó perjudicado en su carrera laboral en presunta connivencia con personal de la ex Afip y Aduana.
A esas causas se le agrega una que se había iniciado en Córdoba contra una presunta asociación ilícita que bajo la firma de Nuevo Antepuerto S.A. metía soja en negro en el mercado formal con el objetivo de evadir los tributos correspondientes.
En el caso de Córdoba, el fiscal Maximiliano Hairabedián indicó a través de un escrito que la presunta estructura delictiva contaba con la posible participación de Carlos García Beltrame, abogado, quien es esposo de la jueza federal Aramberri, más la supuesta protección judicial en Rosario de del jefe de Determinación de Oficio de la División Revisión de la Agencia Sede Rosario y de la jefa interina de la Secretaría de Cobranza Judicial Agencia Sede Rosario.
En el documento elevado ante el Consejo de la Magistratura, el fiscal cordobés cuestionó a Bailaque, que recibió el 4 de junio de 2013 la causa “y casi diez años después, sin tomar medida alguna, transcurrido el plazo de prescripción, el 11 de marzo de 2022 rechazó la competencia y devolvió las actuaciones a esta jurisdicción”.
“No se me escapa que la prescripción es una realidad del sistema judicial por la sobrecarga procesal, sin embargo, las características de este caso tornan sospechosa la paralización: se trataba de una denuncia que sindicaba a una jueza de la jurisdicción donde se verificó la demora, la inactividad fue por casi una década, no hubo ningún acto procesal y fue devuelta a Córdoba cuando ya había prescripto. Ello amerita que se investigue y determine la responsabilidad del o los titulares del Juzgado Federal 4 de Rosario por la paralización, y/o de funcionarios de dicho órgano judicial. Por tal razón, deberá comunicarse el hecho a los órganos competentes, con copia de las piezas procesales pertinentes”, concluye el escrito.
En ese legajo de Córdoba, si bien ya prescribió, no se imputó nunca al mencionado abogado, como tampoco se involucró judicialmente a su esposa, que fue nombrada por el fiscal en el documento elevado.
