Este martes hubo novedades respecto de otra causa penal contra el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, quien fuera destituido luego del escándalo de Fiscalía que también involucró a Gustavo Ponce Asahad. En ese caso, fue allanada una concesionaria de Rosario. Serjal reconoció que archivó una denuncia contra el dueño de ese negocio y un mes después retiró dos autos marca Toyota.
El Organismo de Investigaciones allanó este martes la concesionaria Auto Rosario SA, del empresario Rómulo González. Es por la compra de dos autos tras confirmar el archivo de una causa. El procedimiento fue ordenado por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, donde fue tramitada al denuncia contra Serjal, para sacarla del ámbito de Rosario.
Este es un proceso paralelo que se mantuvo abierto mientras Patricio Serjal era fiscal regional y mientras la Legislatura debía resolver el pedido de suspensión preventiva que había planteado el diputado Carlos Del Frade.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Mariela Jimenez, de Delitos Complejos del MPA de la ciudad de Santa Fe.
La historia de los autos
Esta causa se originó en noviembre del año pasado, cuando el denunciante perjudicado con el archivo de la causa contra el titular de Auto Rosario, Rómulo González, realizó una presentación penal contra el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, sospechado de corrupción.
El denunciante argumentó su denuncia en una "razonable desconfianza" porque Serjal, quien confirmó el archivo de una denuncia en beneficio de González, compró en la concesionaria de éste dos autos Toyota cero kilómetro 29 días después de haber firmado esa resolución. Son un Corolla y un Etios, ambos versión full, por una erogación que estiman superior a los dos millones de pesos.
Según publicó Rosario3 en ese momento, esta controversia generó que el fiscal general, Jorge Baclini, reabriera la causa por delitos económicos, apartara a Serjal (lo que él mismo solicitó voluntariamente) y enviara las actuaciones para consideración de la Legislatura provincial, bajo advertencia de que los hechos "implicarían" una "violación a la responsabilidad ética y a la transparencia".
Más información
